Allanaron la sede de Siemens por la causa de los DNI
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Los informantes indicaron que esa conducta de Siemens "ninguna relación guarda con la imagen que la empresa deja ver a través de la prensa con sus declaraciones acerca de la necesidad de poner en marcha un nuevo y estricto marco de acciones y política de anticorrupción".
La negativa obedece a que "no desean que el documento sea conocido por la justicia argentina", estimaron las fuentes que admitieron que esa conducta podría encuadrarse en incumplimiento a la orden de un juzgado; en posible encubrimiento; o en que fuesen "partícipes del hecho investigado".
En este expediente el 17 de diciembre último Lijo (quien tiene previsto viajar a Alemania en la segunda quincena de abril) requirió a los Estados Unidos, vía exhorto, la documentación relativa al posible pago de sobornos por parte de Siemens a funcionarios gubernamentales durante la gestión del ex presidente Menem.
Según el texto del exhorto enviado a la Corte Federal del distrito de Columbia en Estados Unidos, Lijo pidió certificados de "la totalidad de la documentación" referida al "posible pago de sobornos en la República Argentina".
En particular, el juez a cargo de la causa en el país reclamó los documentos presentados en esa Corte el 12 de diciembre último por la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia norteamericanos.
Allí se haría referencia mediante iniciales a ex funcionarios que recibieron dinero, además de una sociedad constituida en Bahamas y números de cuenta donde se habrían depositado las sumas pagadas en 1998 para que la empresa se adjudicase una licitación de confección de documentos de identidad.
Las pruebas buscadas por el magistrado "aludirían a una práctica sistemática de corrupción por parte de la empresa Siemens, que se traduciría en el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales de varios países e incluiría algunos concretados durante la gestión del ex presidente Carlos Menem en este país".
En particular, la Justicia estudia "la fijación en el contrato celebrado de cláusulas perjudiciales para los intereses estatales, las ilegítimas restricciones a la posibilidad de que otras empresas pudieran ofertar y que determinaron la ausencia de una verdadera competencia durante el trámite licitatorio".
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