Alquileres: quieren prohibir por ley que los contratos sean en dólares

Política

El proyecto, impulsado por las organizaciones de inquilinos de todo el país, propone una modificación a la nueva ley de alquileres.

Un proyecto de ley para prohibir la celebración de contratos de alquileres de viviendas en dólares fue presentado en la Cámara baja por el diputado nacional Federico Fagioli (del Frente de Todos).

El proyecto, impulsado por las organizaciones de inquilinos de todo el país, propone incorporar a la Ley 27.551 (nueva ley de Alquileres) un artículo que establezca que "en todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse".

Asimismo, la iniciativa indica que "será nula, sin perjuicio de la validez del contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal; en este caso, el precio quedará sujeto a determinación judicial."

Desde la Federación Nacional de Inquilinos señalaron que "en una nueva maniobra de los especuladores, comienza a ser cada vez más frecuente la exigencia a los inquilinos de firmar contratos en dólares"

En este sentido, denunciaron que eso "genera consecuencias gravísimas en el acceso a la vivienda en la Argentina".

El presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, indicó en un comunicado que, "para resolver el acceso a la vivienda, hay medidas urgentes y otras estructurales que hay que llevar adelante". Y agregó que "la prohibición de los contratos en dólares forma parte de las medidas impostergables y fundamentales".

Entre los fundamentos del proyecto, Fagioli sostuvo que "hay que volver a enfrentar los problemas sociales ocasionados por las distorsiones del mercado" y "legislar sobre un asunto tan caro para las millones de familias que firman contratos de locación en la Argentina".

Estos son los principales lineamientos de la nueva ley de alquileres:

• El índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).

• El plazo mínimo de la locación de inmueble serán tres años.

• No podrá exigirse al locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes. El importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler.

• Introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler, dado que en caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que realice alguna reparación urgente, el locatario puede realizarlas por sí a cargo del locador, una vez transcurridas 24 horas de la notificación.

• El locatario no tiene a su cargo el pago de impuestos que graven a la propiedad -como el ABL y ARBA- ni el pago de expensas comunes extraordinarias.

• Los locadores deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario (recibo de sueldo o certificado de ingresos que pueden sumarse en caso de ser más de un locatario).

• El locador deberá informar con tres meses de anticipación si renueva y las condiciones para el nuevo contrato.

• Establece que el locador debe intimar fehacientemente al locatario dando un plazo no menor a 10 días corridos de recibida la notificación y lugar de pago previo a la acción judicial de desalojo.

• Será obligación del locador declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo.

• Para la resolución de conflictos, el proyecto establece que deberán crearse en el ámbito público de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo.

• La intermediación en el contrato de alquiler sólo podrá estar a cargo de un profesional matriculado y si interviene un solo corredor, ambas partes, propietario e inquilino, deberán pagar comisión.

• Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal para personas en situación de vulnerabilidad.

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