La relación entre Néstor Kirchner y la Iglesia Católica podría llegar a un punto de no retorno si el Senado avanza en el tratamiento de un proyecto de ley presentado por el oficialismo destinado a dejar sin efecto el concordato de 1957 con la Santa Sede y disolver así el Obispado Castrense.
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Presentado en secreto por la senadora kirchnerista Adriana Bortolozzi de Bogado ( Formosa), el proyecto ya fue girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el santafesino Carlos Reutemann y que también integra la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner. Será entonces la esposa del Presidente, virtualmente lanzada en su campaña turística presidencial, quien resuelva cuándo avanzar con este recorte de facultades a la Iglesia Católica.
La eventual disolución del obispado castrense, ocupado hasta abril de este año por Antonio Baseotto, generó alarma en el seno del Episcopado argentino. El tema fue discutido por los obispos argentinos -que actualmente se encuentran en Brasil- en la última asamblea plenaria de Pilar, donde los religiosos denunciaron la falta de diálogo del gobierno nacional en vísperas de las elecciones nacionales.
Reforma
«Por la presente ley, denunciase el acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957 aprobado por el Decreto Nº 7623/57 y reglamentado por el Dto. Ley y otras modificaciones aprobadas por el Decreto 1526/92 sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y de seguridad», establece el artículo 1 del mencionado proyecto, cuya autoría intelectual corresponde sin dudas a la Casa Rosada. Baseotto y el cardenal Jorge Bergoglio son los enemigos públicos número uno del gobierno a partir de las declaraciones del ex titular del obispado sugiriendo arrojar a Ginés González García al mar a partir de su prédica en favor de la despenalización del aborto.
Por la Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae expedida por Juan Pablo II, la Santa Sede reformó en 1992 unilateralmente la estructura del obispado castrense, llegándose a una readaptación del texto del primer acuerdo con la Argentina. Sin embargo, el país ratificó en aquel entonces el reconocimiento del Obispado Castrense por el Decreto 1526/92, el cual rige hasta hoy y dispone una organización encabezada por un Obispado Castrense, un obispo auxiliar ratificando la existencia de capellanías mayores y subcapellanías dependientes en las tres Fuerzas Armadas y la incorporación al Obispado de las que correspondían a las fuerzas de seguridad (salvo la de la Policía Federal).
Tras la pelea entre Kirchner y Bergoglio, a quien el Presidente acusa de ser el jefe oculto de la oposición -y hasta lo responsabiliza de la crisis social y política de Santa Cruz-, la Casa Rosada comenzó a ver con interés una eventual disolución del obispado castrense, donde creen ver un nido de líderes reaccionarios encabezados por María Cecilia Pando. Por eso el gobierno ingresó el proyecto al Senado para así ejercer más presión sobre un Episcopado decidido a tener un papel activo en la contienda electoral de este año. El primer paso de Bergoglio fue actuar de mediador para sellar la alianza entre Jorge Telerman y Elisa Carrió en la Capital Federal. Los legisladores oficialistas creen que si esa sociedad política celestial se amplía a nivel nacional, la ofensiva kirchnerista contra la Iglesia Católica sería impiadosa.
¿Cuáles son los fundamentos que el gobierno esgrime para amenazar a Bergoglio con la disolución del Obispado-Castrense? «... el militar es un ciudadano más, que todos los días, más allá de sus funciones, convive en la sociedad como uno más de sus miembros con los mismos privilegios y responsabilidades y que salvo situaciones excepcionales, puede concurrir a rendir culto a la religión de sus convicciones sin que por ello tenga que aprovechar la existencia de cuerpos sacerdotales especialmente constituidos dentro de los regimientos», es el principal argumento del proyecto de ley presentado en el Senado.
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