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El Frente ratificó el estado de alerta y movilización y sus críticas al aumento otorgado por el gobierno al señalar que «es discriminatorio, destruye escalafones y la carrera administrativa y representa un atropello contra el régimen previsional».
Un comunicado del Frente señaló que el aumento atenta contra «la democratización del empleo público, no resuelve la situación de 17 mil contratados, instala una antinomia clasista entre los de arriba y los de abajo -al establecer un tope de hasta 1.000 pesos- e ignora el sistema jurídico y las negociaciones colectivas».
El sector exigió la inmediata convocatoria a negociaciones colectivas para producir un aumento general, respetando «las escalas de los escalafones propios y los convenios», la incorporación de los 150 pesos a los haberes de convenio, la revisión y adecuación de la totalidad de las escalas y la regularización de los contratados, becarios y pasantes. También reclamó la profundización y generalización de los sistemas de carrera, el descongelamiento de vacantes y el llamado a concurso para todos los cargos, en especial de conducción.
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