Los representantes de la UCR, el PRO, el Frente Renovador, la Coalición Cívica, el Frente Amplio Progresista se reunieron en el Anexo de la Cámara baja.
Todos los bloques de la oposición participaron de una audiencia pública junto a las autoridades de la AMIA y la DAIA para reclamar al Poder Ejecutivo la derogación del memorándum de entendimiento que firmó el país con Irán por la investigación del atentado a la mutual judía.
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En el edificio del anexo de la Cámara baja, los representantes de la UCR, el PRO, el Frente Renovador, la Coalición Cívica, el Frente Amplio Progresista y Proyecto Sur acordaron consensuar un proyecto para solicitar la derogación -ya que existen varias textos al respecto- e impulsar la medida "en todas las sesiones" del año.
"Les dejamos a las autoridades de la AMIA y la DAIA el compromiso de unificar textos y solicitar que venga el canciller (Héctor Timerman)", afirmó el senador radical Gerardo Morales, uno de los impulsores de la audiencia pública, junto al diputado Mario Negri.
Fue luego de que la Presidente Cristina de Kirchner le propusiera a la oposición que presente ideas para generar "un instrumento legal" que le permita a la Justicia indagar a los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA y anunciara que, en ese caso, daría de baja el acuerdo firmado el año pasado con el país asiático.
Por la AMIA participó el tesorero, Ariel Cohen Sabban, quien señaló que la entidad rechaza el acuerdo "en todos sus términos y pide la inconstitucionalidad".
"No lleva ni a la verdad, ni a la Justicia, ni a lo que la comunidad está buscando", resaltó el dirigente de la comunidad judía.
A su vez, el titular de la DAIA, Julio Schlosser, afirmó que "la comunidad judía no está dividida", al tiempo que se quejó: "El tiempo pasa, las familias de las víctimas nos estamos poniendo viejos y no vamos a ver justicia".
Durante el encuentro, que se extendió por una hora y media, el titular de la UCR, Ernesto Sanz, señaló que la presidenta Cristina Kirchner "reconoció que el memorándum está absolutamente fracasado".
"Las entidades y la comunidad no estuvieron nunca solas. Esta es una muestra. Estamos dispuestos a avanzar para ratificar la ilegitimidad política del memorándum", sostuvo el mendocino, a poco más de un año de la sanción de la ley que avaló el acuerdo.
El jefe del bloque PRO, Federico Pinedo, por su parte, reclamó que el país "haga algo en Interpol y en los organismos internacionales", tras indicar que la mandataria "dijo que pese a los pedidos de captura los acusados circulan por el mundo sin problemas".
A su turno, la diputada Elisa Carrió le preguntó al abogado de las entidades, Miguel Bronfman, si tenía "conciencia que el juez (Rodolfo) Canicoba Corral actúa operado por el Gobierno" y como el letrado se negó a responder, la legisladora enfatizó: "Lo dije yo entonces".
La senadora Gabriela Michetti, en tanto, remarcó: "Dentro de la cantidad de desaguisados que ha hecho el Gobierno, lo más doloroso fue el uso inhumano de las familias de las víctimas. Los manosearon".
Del encuentro participaron también los diputados Julio Cobos, Fernando "Pino" Solanas, Darío Giustozzi, Ricardo Alfonsín, Miguel Bazze, Martín Lousteau, Carla Carrizo, Patricia Bullrich, Sergio Bergman, Carlos Brawn, Jorge Valinotto, Victoria Donda, Lausa Alonso, Pablo Javkin, Oscar Aguad, Christian Gribaudo y Graciela Villata, entre otros.
El acuerdo con Irán se firmó el 27 de enero de 2013, con el objetivo de crear una Comisión de la Verdad, que debía ser compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán sobre el atentado a la AMIA ocurrido en 1994.
El documento fue rubricado por el canciller Timerman y de su par iraní, Ali Akbar Salehi, en la ciudad de Adis Adeba, en Etiopía. Un mes después de la firma, el acuerdo bilateral fue aprobado como tratado internacional por las dos Cámaras del Congreso, con el respaldo del oficialismo y el rechazo opositor.
Luego, en noviembre último, Irán informó que el memorándum había sido aprobado por su Parlamento, por lo que el Gobierno argentino le presentó una propuesta para cumplir con los términos del acuerdo en "12 meses", algo que todavía no registró avances.
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