El estudio de Gendarmería detectó cortes, discontinuidades y rasgos compatibles con una regrabación, pero no logró establecer el origen de las voces ni descartar una posible manipulación. Fuentes judiciales aclararon que el informe todavía no fue incorporado al expediente. Las grabaciones tampoco fueron utilizadas como prueba de cargo para dictar los procesamientos, que se apoyaron en otras evidencias.
El peritaje de la Gendarmería Nacional sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no logró determinar su autenticidad ni establecer técnicamente que las voces correspondan a las personas imputadas en la causa por presuntas maniobras de corrupción en el organismo.
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Sin embargo, hay dos precisiones centrales para dimensionar el alcance del estudio: los audios no fueron utilizados como prueba de cargo para dictar los procesamientos y, según señalaron fuentes judiciales, el informe pericial todavía no fue incorporado al expediente.
Las fuentes judiciales consultadas advirtieron que de todas maneras, el informe “no tiene importancia para los investigadores porque no se usaron los audios como prueba”
El peritaje fue ordenado porque la Cámara Federal así lo dispuso, en base a pedido de los imputados.
El resultado del análisis forense, que trascendió este jueves (pero no de fuentes judiciales) no equivale a una conclusión de que las grabaciones sean falsas. Los especialistas no pudieron validar su origen ni confirmar quiénes hablan en ellas. También señalaron limitaciones técnicas que impidieron arribar a una respuesta definitiva.
De acuerdo con la información publicada sobre el estudio, los peritos detectaron cortes abruptos, inconsistencias acústicas y características compatibles con procesos de regrabación.
Esos elementos impidieron considerar las piezas como registros cuya continuidad e integridad estuvieran debidamente acreditadas. Tampoco se pudo descartar que hubieran sido manipuladas o que se hubieran utilizado herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.
Entre los puntos más relevantes del peritaje se encuentran las dificultades para establecer la integridad de los archivos y la imposibilidad de confirmar que las voces correspondan a los imputados. El análisis describió rasgos compatibles con una transferencia acústica, además de interrupciones e inconsistencias que no se corresponden con una grabación continua.
El informe también dejó abierta la posibilidad de alteraciones posteriores. En concreto, los especialistas no pudieron descartar que se hubieran utilizado herramientas de inteligencia artificial para modificar o generar voces.
La limitación central fue la falta de garantías suficientes sobre la preservación del material antes de su análisis. La ruptura de la cadena de custodia impidió asegurar que los archivos llegaran a la pericia en las mismas condiciones en que habían sido obtenidos originalmente.
El resultado del estudio no modifica, por sí solo, la situación procesal de los imputados. Los audios se hicieron públicos y dieron impulso a las denuncias, pero no fueron utilizados como prueba de cargo para dictar los procesamientos en la causa ANDIS.
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos a partir de otros elementos reunidos durante la investigación, entre ellos documentación, comunicaciones extraídas de teléfonos y evidencia vinculada con las contrataciones y los pagos a proveedores. La acusación sostuvo que esas pruebas permitían reconstruir las presuntas maniobras sin depender de la autenticidad de las grabaciones.
Por eso, la falta de una conclusión definitiva sobre los audios no implica que las demás evidencias hayan quedado invalidadas ni que la causa deba cerrarse. Es mas, el expediente avanzó en los últimos días con una nueva ronda de indagatorias de empresarios de droguerías imputados de los hechos de corrupción.
Fuentes judiciales consultadas señalaron que el informe de Gendarmería aún no fue incorporado formalmente a la causa. Esa aclaración es importante porque, aunque las conclusiones del estudio ya trascendieron públicamente, todavía no forman parte del expediente en las condiciones necesarias para evaluar oficialmente su alcance dentro del proceso.
La investigación continuará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, y el fiscal Franco Picardi, con el análisis de las pruebas que sustentaron los procesamientos y las medidas pendientes para esclarecer las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.