Ante la pérdida de independencia de poderes

Las manifestaciones que han efectuado sobre mi persona y mi actividad funcional pasada y presente el presidente de la Nación, el ministro de Justicia y una diputada nacional, demuestran que existe una operación de campaña que me tiene como objetivo y pretende mostrarme como una de las causas de los graves problemas de gestión del actual gobierno.

Lo hacen a la sombra de cierto periodismo, que día a día, en una suerte de folletín por entregas, va inoculando sospechas sólo sobre la base de haber leído o escuchado de alguien informado que tal o cual persona hizo algo que no debía, siempre sin chequeo alguno. Hace meses venimos escuchando la misma diatriba, a medias entre funcionarios del gobierno y periodistas complacientes, empleados o patrones, que construyen un culpable sólo con rumores, ya que no pueden admitir que el ministro y los demás funcionarios y fiscales que viajaron para traer esas pruebas, vinieron con las manos vacías por lo que debieron inventarse listas truchas.

¿Cuál es su pretensión? Evidentemente que yo sea condenado en los juicios que enfrento ante el fuero federal, y con ese objetivo, amenazan a los jueces, llenan páginas de diarios, espacios de medios y construyen un pedido de castigo social que sólo tiene perversos objetivos de campaña, y está emparentado con los escraches del régimen nazi, más allá de las patologías psiquiátricas que manifiestan quienes las fabulan.

Me siento agraviado, personalmente, por la mentira y la denuncia inventada, pero más me repugna la hipocresía con que actúan. Mientras me apuntan con un derecho penal para el enemigo, pisotean y dejan atrás todos los principios que dijeron defender en su mentirosa campaña electoral de 2015.

El presidente realizó una advertencia expresa a los jueces federales de que "tengan cuidado", que actuando de determinada manera no representan la voluntad del pueblo y que si no actúan de otra manera serán "reemplazados por otros", con el corifeo de su ministro de Justicia. Evidentemente no tiene noción de la gravedad de esas manifestaciones, ignorando que la advertencia que dirigió a los jueces constituye un acto impropio de su investidura y lesiona severamente la independencia poderes, más allá del desconocimiento supino de ignorar que los jueces representan a la justicia y no ellos.

No solo son contradictorias con su falso discurso de no interferir en asuntos a cargo de otras autoridades, sino que concretamente constituyen una flagrante violación al art. 109 de la Constitución Nacional y una presión indebida e inaudita del Gobierno sobre el Poder Judicial, que ponen en riesgo la división de poderes del sistema republicano, que vergonzantemente dicen defender.

Mientras se promociona una ingenua carrera entre fiscales, políticos, una diputada, el ministro de Justicia, y otros más, por conseguir pruebas de corrupción en mi contra en relación al caso Oderbrecht y el llamado "lava jato", aparecen y son minimizadas todos los días pruebas que involucran a personajes de este gobierno o empresarios, socios o incluso familiares del presidente.

Mientras la diputada se presenta ante la justicia y los medios requiriendo a todo aquel que pueda aportar datos sobre actos de corrupción, nada dice si empezó por pedirle a Macri que hable con su familia o socios, o su secretario de Inteligencia, que concretamente (y como dicen testigos importantes de esos procesos) podrían darle algún dato, que no sea necesario lograr en una negociación comercial con empresas que a pesar de las sospechas siguen trabajando.

Mientras declaman sobre el gran número de denuncias que existen en mi contra, los distintos ministros y secretarios de estado del actual gobierno que se desempeñan en las mismas áreas que tuve bajo mi responsabilidad, suman en poco tiempo en su contra el mismo gran número de denuncias penales que se encuentran informadas en el mismo observatorio judicial de la Corte Suprema que contabiliza las que existen en mi contra en 12 años de gestión.

Por mi parte, mientras transcurre esa realidad, los cuestionamientos o revisiones judiciales de mis actos como ministro las enfrento en doce causas que se encuentran en trámite ante el fuero federal, en las que me he presentado y en las que ejerzo mi defensa de acuerdo con los derechos que la ley me acuerda.

Tal circunstancia desmiente no solo la propaganda de la existencia de cientos de causas en mi contra, sino también, que lejos estoy de recibir algún tipo de protección en contra de una persecución judicial, ya que la misma se encuentra totalmente vigente y de la cual soy objeto nada más y nada menos que en una docena de juicios.

Que a pesar de considerar falsas, excesivas, injustas o provenientes de operaciones políticas las imputaciones en mi contra, he observado una rigurosa e incuestionable conducta procesal: he concurrido puntualmente a todas las citaciones que recibiera, he formulado todas las explicaciones pertinentes con relación a cada uno de los procesos a los que fuera convocado, he presentado documentación y peticionado pruebas dirigidas a demostrar mi falta de relación con las presuntas irregularidades que se me han atribuido o que se investigan, he señalado la ausencia de pruebas directas que me vinculen con delitos y he reclamado pruebas dirigidas a demostrar la corrección de mi comportamiento.

Nunca he opuesto reparo alguno a las investigaciones en curso, a las que he acudido proporcionando informaciones y documentación útil para el esclarecimiento de los hechos; en consecuencia, nunca se me atribuyó acto alguno de elusión de los procedimientos judiciales ni propósito alguno de obstaculizar la justicia.

En ninguno de los procesos en los que he sido convocado se me atribuye haber recibido sobornos o pagos; ni se han presentado testigos de Argentina o de Brasil, o de cualquier otro país, que digan que recibí coimas.

Las cuatro causas en las que me encuentro en situación de procesado (no culpable), versan sobre comportamientos funcionales propios del desempeño del cargo de Ministro y, en general, sobre el conocimiento que pude o no haber tenido sobre la sospecha de comportamientos disfuncionales de otros funcionarios o en cuestiones relacionadas con decisiones políticas sobre temas complejos, que están lejos de haber sido completamente investigadas o aclaradas.

En todas esas casusas sólo recibo la única asistencia de mis abogados defensores, y en mi opinión (y así lo he reclamado siempre) en la mayoría de las causas han coincidido de modo sistemático en negarme la posibilidad de producir las pruebas que he pedido, o me las han denegado de modo inmotivado, o no han dado respuesta alguna a mis argumentos.

Ello demuestra que la protección que algunos afirman poseo es inexistente, es una falsa afirmación, una mentira. Por el contrario, existe desprotección por la violación constante, reiterada y sistemática de mis derechos de defensa, por lo que he denunciado cada vez que correspondía la violación reiterada de mi defensa en juicio.

Por lo demás, exijo el respeto que merece cualquier ciudadano que ha cumplido y cumple funciones en el gobierno del país, que respetuosamente enfrenta revisiones judiciales de sus actos a las que acude como corresponde y por eso exijo el respeto a mi derecho a defenderme, y mi derecho a ser juzgado por jueces que no se sientan amenazados ni presionados por el poder político ni que mis juicios sean utilizados en campaña electoral.

Soy peronista, la persecución y el hostigamiento son cuestiones que en mi partido se han debido soportar históricamente, muchos ejemplos más importantes que el mío lo demuestran. Espero estar a la altura de las circunstancias y soportar con el sustento de mis ideas los ataques que me dirijan. Yo no les temo, no piensen que vaya a claudicar. Sólo acentuarán en mí lo profundo de mis convicciones, mi voluntad militante y mi lealtad por la causa del pueblo argentino, que iniciaron Perón y Evita y continuaron Néstor y Cristina Kirchner.