El diputado radical Ricardo Alfonsín cuestionó la decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones a la actividad minera, oficializada hoy en el Boletín Oficial, y consideró que "antes de reducirle la presión fiscal, el Estado debe definir su política" hacia ese sector.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
"La minería es una de las actividades más polémicas. Es una actividad de altísimo riesgo para el ambiente. Antes de reducirle la presión fiscal el estado debe estar preparado y definir la política minera", opinó Alfonsín en diálogo con el programa "Levantado de 10", que se trasmite por Radio 10. "La minería tiene que ser rentada", remató.
Por otro lado, Alfonsín criticó a la cúpula de la Unión Cívica Radical, al sostener que debe procurar que el partido sea "más escuchado" dentro de la estructura de Cambiemos.
"Espero que el titular de la UCR se ocupe de hacer respetar la diversidad de Cambiemos. Aportamos mucho a la elección y queremos aportar también a la gestión", se quejó el hijo del expresidente Raúl Alfonsín. "Somos más representativos de lo que algunos creen", añadió.
• Oficializan fin de retenciones a la minería
El gobierno nacional formalizó la eliminación de retenciones a la exportación de productos mineros, anunciada la semana pasada por el presidente Mauricio Macri.
El decreto 349 del Poder Ejecutivo Nacional, que se publica en el Boletín Oficial, destaca en sus fundamentos que tales derechos de exportación "han tenido un efecto negativo sobre la industria minera argentina".
La medida señala que "el país es una de las pocas jurisdicciones a nivel mundial en que se aplican derechos de tal índole", cuya aplicación ha "desincentivado las inversiones".
Desde marzo de 2002 regían retenciones de entre 5 y 10% para la exportación para los envíos al exterior de productos del sector.
El decreto explica que ese esquema tributario posicionó a la Argentina, en el contexto regional, "en una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera".
Tales desventajas -indica la norma- se advierten respecto de países como Brasil, Colombia, Chile y Perú, en los cuales "en años recientes se ha experimentado un marcado ascenso del nivel de inversiones en términos comparativos".
Los derechos de exportación "inciden sobre los márgenes de utilidad, generan un mayor costo operativo y hacen caer la cantidad de reservas de los yacimientos determinando, en consecuencia, el cierre prematuro de minas que, de no encontrar gravadas sus exportaciones, verían extendida su vida útil", añade el decreto.
Asimismo, la aplicación de retenciones "afectó seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mineras, radicadas mayormente en zonas de escasa disponibilidad de infraestructura y con costos de transporte elevados", lo cual determinó "la pérdida de los mercados internacionales".
Según el decreto, son "potencialmente muy significativos" los riesgos de "pérdida de puestos de trabajo y sus inevitables consecuencias en todo el sector productivo, en cuanto se refiere a empleos directos, empleos indirectos y cadena de proveedores".
"Ello se ha visto acentuado con la reciente caída en el precio internacional de los metales y demás productos minerales", sostiene la medida.
Además, agrega, la "incidencia negativa" de las retenciones al sector minero "excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario".
El decreto recuerda que esos derechos, al no ser coparticipables, implicaron "una concentración de los aportes tributarios mineros en el Estado nacional, en desmedro de las provincias, quienes poseen la titularidad originaria de los recursos minerales".
De ese modo, concluye el decreto, se limitó el "impacto benéfico de la minería en las regiones donde opera, lo cual es crucial para que esta actividad se convierta en vector de potenciación del federalismo".
Dejá tu comentario