El Congreso dio el primer paso para derogar las jubilaciones de privilegio que reciben más de treinta ex funcionarios que ocuparon cargos estratégicos durante la última dictadura militar. Según datos oficiales, desde la vuelta de la democracia en 1983, el Estado destinó más de $ 35 millones a pagar este beneficio, que ahora un grupo de seis diputados kirchneristas busca anular.
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El proyecto, que ingresó a la Cámara baja el último jueves, revoca los beneficios de orden previsional que hayan sido otorgados a ministros, secretarios y subsecretarios durante el autodenominado «Proceso de reorganización nacional».
La propuesta, que diseñó el diputado Santiago Ferrigno (Frente para la Victoria-La Pampa), dejaría sin jubilación de privilegio a Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de Jorge Videla entre los años 1976 y 1981. Según datos oficiales, el ex funcionario cobra 3.780 pesos desde octubre de 1992. Hace una semana, el gobierno pidió a la Justicia, además, que anule el indulto que firmó el ex presidente Carlos Menem a favor de Martínez de Hoz.
Fundamentación
«Corresponde al Congreso colocar en el lugar que corresponde a quienes fueron mentores, ejecutores y cómplices de las políticas aplicadas en los años de la última dictadura», destaca en sus fundamentos el proyecto.
La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Comisión de Previsión y Seguridad Social que maneja el diputado oficialista Enrique Thomas (Mendoza), y sobre ese tema se ocupó «Noticias Argentinas» en una investigación realizada el último mes de marzo.
La situación también alcanza al ex titular de la cartera de Educación Juan José Catalán -responsable de la resolución «Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestros enemigos»- que se acogió al beneficio a los 47 años.
«Es inadmisible que funcionarios de la dictadura y, por ende, que convivieron con el terrorismo de Estado estén siendo beneficiados con jubilaciones de privilegio que ya no existen para los funcionarios que hoy trabajan en democracia», opinó la diputada oficialista Diana Conti.
«Seguramente se alegarán derechos adquiridos constitucionalmente. Sin embargo, esta gente que derogó con un golpe de Estado nuestra Constitución no puede entonces apelar a derechos adquiridos», agregó la legisladora, quien acompañó con su firma el proyecto.
Jorge Zorreguieta -padre de la princesa de Holanda, Máxima- también recibe del Estado una jubilación VIP por su participación en la dictadura.
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