El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) que le otorgó el estatus de refugiado al ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, "no pone en tela de juicio la democracia de Chile ni su pleno ejercicio".
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Fernández sostuvo en diálogo con una radio porteña que la Presidente "ha hablado" del tema con el mandatario chileno, Sebastián Piñera. El funcionario subrayó que los elementos que se presentaron para pedir la extradición de Apablaza Guerra "son insuficientes".
Tras precisar que la CONARE está conformada por funcionarios de cada ministerio y que incluye un representante del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, Fernández señaló que ese organismo "no está sujeto a mandos imperativos de nadie, ni siquiera del Presidente".
El jefe de Gabinete recordó que las pruebas presentadas en el expediente sobre Apablaza Guerra, relacionadas con el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz y el secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio, "son insuficientes y van en contra de toda legislación".
Detalló que la presentación chilena alude a una "publicación clandestina, `El Rodriguista`", donde "un tal Salvador, que supuestamente sería el apoderado de Apablaza Guerra reivindica los hechos".
"Nosotros trabajamos de acuerdo a lo que establece la legislación internacional, el articulo 18 de la ley de cooperación internacional y el artículos 17 del tratado de Montevideo de 1933", dijo Fernández.
Y añadió que según el juez federal Claudio Bonadío el requerimiento de la justicia chilena "no cumple con lo que prevé el artículo 298" del Código Procesal Penal: "el juez debe informar detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye y cuáles son las pruebas que lo vinculan al hecho. No hay forma de que esto se haga con los elementos aportados".
"Y lo que dice el artículo 298 de nuestro código lo dice el artículo 272 del Código de Procedimientos Penal de Chile", señaló Fernández y añadió que "el juez Bonadío dice que la documentación tampoco cumple con el artículo 13 de nuestra ley de extradición".
Puso de relieve que también "encontramos el caso de Patricio Ortíz Montenegro, chileno, que también perteneció al Frente Manuel Rodríguez, que conocía a Apablaza Guerra y la justicia chilena lo había condenado a 10 años de prisión por la muerte de un carabinero".
"Unos años después de estar condenado la justicia chilena lo imputa también de los mismos hechos que se le imputan a Apablaza Guerra: la muerte del senador Jaime Guzmán y del hijo del dueño de El Mercurio", indicó el jefe de Gabinete.
Afirmó que "Ortiz Montenegro se escapa de Chile en 1996 y se va a Suiza. Chile pide la extradición a Suiza y en el año 1998 la deniega. Suiza le concede lo que se conoce como admisión provisional, se casó con una suiza y tiene hijos suizos".
Finalmente, respecto al caso de Apablaza Guerra, Fernández dijo que "la Corte dice que procede, no dice que hay que mandarlo. En ningún momento habla de un grupo terrorista, no lo menciona jamás. No hace ninguna evaluación de las conductas reprochadas a Apablaza Guerra y espera que se pronuncie la Conare".
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