Doctrina Irurzun quiere seguir en la Cámara Federal de Comodoro Py

El camarista Martín Irurzun, que cumplirá 75 años en julio, presentó una cautelar para evitar dejar su cargo. El Gobierno no envió su pliego al Senado y apuesta a reformular un tribunal clave para las causas de corrupción.

Martín Irurzun busca seguir en la Cámara Federal tras cumplir 75 años.

NA

Martín Irurzun, uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py, inició una ofensiva judicial para permanecer en la Cámara Federal más allá de los 75 años. El magistrado presentó una medida cautelar para suspender la aplicación de la cláusula constitucional que lo obliga a renovar su nombramiento y que podría dejarlo fuera del tribunal el próximo 18 de julio, día de su cumpleaños.

La presentación fue realizada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, con el patrocinio del abogado Alberto Spota, y apunta contra el artículo de la Constitución que establece que los jueces que alcanzan los 75 años deben obtener un nuevo acuerdo del Senado para continuar en funciones por períodos de cinco años.

El planteo se produce en medio de la decisión del gobierno de Javier Milei de no enviar el pliego de Irurzun a la Cámara alta. Sin ese trámite, el magistrado deberá abandonar automáticamente su cargo al cumplir años dentro de poco más de un mes.

La situación tiene especial relevancia porque la Cámara Federal porteña es uno de los tribunales más estratégicos del país. Allí se revisan las decisiones de los jueces de primera instancia en expedientes sensibles vinculados a corrupción y a funcionarios nacionales.

La polémica doctrina Irurzun

El juez Irurzun cobró notoriedad pública y política por la aplicación de lo que se conoció popularmente como "doctrina Irurzun". Se trata de un polémico criterio jurisprudencial, establecido en 2017 por este camarista, por el cual permite dictar la prisión preventiva sin condena firme, si se presume que un imputado, por sus contactos, redes o "poder residual", podría entorpecer una investigación por corrupción.

Con esta doctrina fueron detenidos algunos exfuncionarios de los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, como ocurrió con el exministro de Planificación Julio de Vido y el exvicepresidente Amado Boudou. La diputada Marcela Pagano, en una denuncia contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni pidió que se aplique contra el funcionario, pero fue rechazada por el fiscal Gerardo Pollicita.

La pelea por la cláusula de los 75 años

El argumento central de Irurzun apunta a cuestionar la validez de la cláusula incorporada durante la reforma constitucional de 1994. Según sostiene, la Convención Constituyente no tenía facultades para fijar un límite de edad para el ejercicio de la magistratura y, por lo tanto, la disposición sería "nula de nulidad absoluta".

El camarista afirma que la ley que habilitó la reforma autorizó discutir los mecanismos de designación y remoción de jueces, pero no establecer restricciones etarias para el desempeño del cargo.

La cuestión ya fue debatida por la Corte Suprema. En 2017, el máximo tribunal validó la cláusula en el caso del juez Leopoldo Schiffrin, dejando sin efecto el criterio adoptado años antes en favor de Carlos Fayt, quien había logrado permanecer en funciones tras cumplir 75 años.

Sin embargo, Irurzun considera que ese antecedente perdió fuerza debido a los cambios en la integración de la Corte. En su presentación sostuvo que "el estándar de Schiffrin ha desaparecido" y que ya no existiría una mayoría consolidada para sostener aquella doctrina.

Además, adelantó que se reserva el derecho de recusar a ministros del máximo tribunal que participaron de la Convención Constituyente de 1994, en una referencia directa al presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La urgencia del planteo radica en que el 18 de julio Irurzun alcanzará la edad límite prevista por la Constitución. Según advirtió en su escrito, si no obtiene una resolución favorable antes de esa fecha deberá cesar en el cargo y esa situación sería irreversible.

Por ese motivo solicitó que la cautelar sea resuelta de manera inmediata y sin dar intervención previa al Estado. También cuestionó aspectos de la ley que regula las medidas cautelares contra la administración pública, al considerar que los plazos procesales podrían volver ineficaz cualquier protección judicial.

El caso reabre un debate que atraviesa a la Justicia desde hace más de dos décadas. Tras el antecedente de Fayt y el posterior giro jurisprudencial de Schiffrin, la presentación de Irurzun busca abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de edad para los jueces federales.