Aprobaban anoche penas más duras por secuestro

Con una rapidez infrecuente, pero adecuada a los tiempos de violencia que vive el país, el Senado y Diputados dieron anoche media sanción a un paquete de leyes anti-secuestro que se activó tras estar paralizado desde hacía seis meses. La Cámara alta resolvió aprobar en general una reforma al Código Procesal Penal que otorga a los fiscales facultades para investigar los secuestros extorsivos, disponer escuchas telefónicas, ordenar allanamientos y tomar declaraciones sin orden judicial. También permite que jueces y fiscales puedan actuar fuera de sus jurisdicciones y reduce los tiempos procesales. La otra parte del paquete, las más importante, fue analizada en la Cámara baja, que anoche también se aprestaba a aprobar el endurecimiento de las penas para los responsables del delito de secuestro e incluye el tratamiento de la figura del arrepentido. Se trata de un proyecto que fue impulsado por el senador Jorge Capitanich que eleva de 10 a 25 años de prisión el castigo para los secuestros extorsivos e impone la pena de reclusión y prisión perpetua en casos de secuestros seguidos de muerte. Con esta ley que impone mayores condenas, la administración de Néstor Kirchner pretende bajar los índices de un delito que en los dos últimos dos años creció en forma vertiginosa y ubicó a la Argentina en niveles cercanos a los de Colombia, México y Brasil. En el país se produce un secuestro cada 36 horas (uno por día en la provincia de Buenos Aires) con bandas muy organizadas que han convertido el secuestro extorsivo en una verdadera industria.

El Senado aprobó anoche en general el proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal y les otorga más facultades a los fiscales para investigar los casos de secuestros. Paralelamente, Diputados se aprestaba también a aprobar una ley que castiga con mayor dureza, con penas de 25 años de prisión, a los secuestradores.

El tratamiento parlamentario fue fruto de un acuerdo que el martes encabezó el propio vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli (ver nota en pág. 10), con los bloques de diputados del PJ y del radicalismo, y del que participó el ministro de Justicia, Gustavo Béliz.

La iniciativa forma parte de un paquete de proyectos elaborados el año pasado por una comisión de notables conformada por el Poder Ejecutivo bajo la coordinación del ex ministro de Justicia León Arslanian para abordar la problemática de los secuestros extorsivos.

Puntualmente, el proyecto de ley al que pretendía dar media sanción anoche el Senado incluye que los fiscales dispongan allanamientos sin orden judicial, ordenar escuchas telefónicas y tomar declaración en los casos en que las víctimas de secuestros extorsivos corran peligro de muerte.

• Sugerencias

Si bien existía un consenso mayoritario en abordar la discusión de la reforma al Código Procesal Penal en el recinto, lo cierto es que algunos jueces federales, entre ellos María Romilda Servini de Cubría, le plantearon sugerencias al presidente del bloque, Miguel Angel Pichetto, y a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, sobre este aspecto.

También Jorge Yoma consideró que era uno de los puntos más controvertidos ya que, al darles mayores facultades a los fiscales, se avanzaba sobre la función de los jueces federales.

Servini de Cubría les planteó a los legisladores la necesidad de crear una base de datos nacional y un registro de voces que los ayude a dilucidar este tipo de delitos (en alusión a los secuestros extorsivos), que se incrementaron sustancialmente en los últimos años.

• Ley de fondo

En tanto, en Diputados el oficialismo intentaba avanzar también en la discusión de proyectos «antisecuestro», que agravan las penas para los responsables de secuestros extorsivos.

En realidad, ésta es la ley de fondo y la más importante porque prevé un aumento en las penas para estos delitos. Se trata de un proyecto que fue diseñado por el senador Jorge Milton Capitanich y que prevé elevar de 10 a 25 años de prisión el castigo por secuestros extorsivos e imponer la pena de reclusión perpetua en casos de secuestros seguidos de muerte, lo que implica que no podrán ser beneficiados con la libertad condicional.