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Luego de cinco horas de debate, los jueces habilitaron el procedimiento que habían solicitado los abogados Fabián Bergenfeld, defensor de la familia de una de las víctimas, y Gabriel Rodríguez Vallejos, un particular, quienes tendrán un año para reunir las 500 mil firmas necesarias.
Ibarra, por su parte, hará mañana su propia presentación y pedirá que se evite el trámite de recolección de firmas, aunque esto podría ser rechazado porque la Constitución no prevé que sea un funcionario el que haga el planteo de revocatoria sino que sean los ciudadanos.
En ese caso, el jefe de Gobierno ya adelantó que se encargará personalmente de conseguir las adhesiones y que le pedirá a los familiares de las víctimas y a los organismos de derechos humanos que también lo hagan.
En la resolución, los jueces decidieron "abrir el trámite preparatorio del proceso de revocatoria del mandato del señor jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por la causal genérica invocada por los presentantes: mal desempeño de sus funciones en relación al caso República Cromañón".
Agregaron que "para evitar toda utilización política se advierte claramente que el tribunal no se pronuncia aquí sobre la certeza, probabilidad o duda acerca de las imputaciones formuladas por los presentantes" y "menos emite un juicio de valor acerca de la conducta imputada".
La resolución fue firmada por unanimidad por los miembros del Superior Tribunal Julio Maier, Jorge Casás, Ana María Conde, Luis Lozano y Alicia Ruiz.
Los jueces explicaron que entregarán a los letrados una primera serie de planillas para reunir 10.000 firmas y a medida que las consigan les entregarán las siguientes, las cuales deberán completar en un plazo no mayor a doce meses.
Las planillas estarán selladas y foliadas y en total deberán reunir alrededor de 500.000 firmas (el 20 por ciento del padrón) que avalen el procedimiento, tal como lo prevé el artículo 67 de la Constitución de la Ciudad.
Una vez que junten las adhesiones, el tribunal tendrá 90 días para convocar a la consulta ciudadana, aunque previamente se deberá verificar la autenticidad de las rúbricas así como todos los datos personales de quienes apoyaron la iniciativa popular.
Los abogados, que pertenecen a Asociación Defensa Ciudadana, Fundación Bicentenario y el Instituto Buenos Aires de Planeamiento Estratégico (IBAPE), pidieron que se llame al referendum porque entienden que "las instituciones no respondieron en forma" ante la tragedia de Cromañón.
También consideran que si Ibarra está investigado en la causa judicial que lleva adelante la jueza de Instrucción María Angélica Crotto no puede seguir en su cargo.
Si bien el jefe de Gobierno no está imputado en el expediente, hay numerosos reclamos de los querellantes para que se lo cite a declaración indagatoria por homicidio, pedido que la magistrada aún no resolvió.
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