Argentinismo: oficializarán a los punteros electorales

Jefe en funciones, Néstor Kirchner auspicia desde el PJ reformas electorales para castigar a sufragantes ausentes y limitar el voto de los uniformados.

La entronización de Néstor Kirchner como jefe del PJ, como parte de un operativo normalizador que sugiere la vindicación de los partidos políticos, tuvo su derivación previsible: el peronismo se apura a introducir un puñado de reformas en las leyes electorales.

Un paquete de proyectos, presentados en el Congreso, propone sanciones rigurosas para quienes no votan y las autoridades de mesa que no concurren, limita sufragio de uniformados, institucionaliza a «punteros» y, entre otros puntos, prohíbe las dobles candidaturas.

Las reformas, que ingresaron en mayo pasado por Diputados, llevan la firma de Jorge Landau, apoderado del PJ nacional junto al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Landau es un prolífico «productor» de alquimias electorales en los últimos años.

El menú de modificaciones, concentrado en cuatro textos, apunta a ordenar aspectos operativos, pero también otorga mayor poder a la estructura partidaria y estorba el sufragio de sectores que podrían ser adversos al kirchnerismo.

También le quita «atajos» a la oposición.

Reformas

En detalle, las reformas que se proponen incluir al Código Nacional Electoral, son las siguientes:

Se inventa la figura del «apoderado distrital» que, en la práctica, implica institucionalizar la figura del puntero político que arma la logística electoral en los municipios. En lo operativo existen un apoderado de partido y fiscales generales por lugar de votación, pero no hay figura intermedia.   

Limita la votación de los efectivos de las Fuerza Armadas y de seguridad, un sector que por las políticas que impulsó la gestión Kirchner se expresa críticamente al gobierno. En Capital hubo un anticipo: se impidió a buena parte de efectivos de la Policía Federal a votar porque no tenían domicilio allí. Con la reforma, cada uniformado sólo podrá hacerlo en el distrito donde tiene residencia. Hasta ahora, se permite que vote en el lugar donde se encuentra presente el día de elecciones. Ya no será así.

Norma la imposibilidad de que un candidato pueda, en paralelo, ser candidato a dos cargos en la misma elección: durante años fue habitual que el postulado a presidente de un partido chico, también lo sea a primer diputado o senador. Suele ser un recurso que usa la oposición y, en particular, ciertos partidos personalistas. El paquete K impide esa alternativa que había sido clausurada por la Ley de Internas Abiertas pero, al caer ésta, volvió a hacerse posible.   

En la misma línea, anulala opción de las llamadas «listas espejos» que suelen presentar algunos partidos y consiste en compartir la misma boleta de candidatos a nivel local, pero una con un sello electoral y otra -u otras- con sellos diferentes para, mediante esa fusión eventual, lograr presencia en todos los distritos y sumar, por vías diferentes, para sus candidatos en el plano municipal o provincial.

La no emisión de voto sin justificado, expresado este último hasta 60 días después del acto electoral, hará pasible de sanciones monetarias equivalentes a entre 10% y 200% de un salario mínimo vital y móvil. En cifras, no votar equivaldría hasta a 2.000 pesos. Aquel que no tenga justificación y admite que no votó, podrá pagar una multa equivalente a 10% por propia voluntad. La imposición de un valor actualizable es para que la sanción, que hoy ronda los 50 pesos y se aplica sólo ocasionalmente, tenga un efecto costo dinerario, según explican sus autores en los fundamentos del proyecto. En caso de carecer de recursos, podrá pagar con una « probation».   

Pero, además de la sanción económica, habrá un castigo accesorio: el « infractor», según establece la normativa, que no regularice su situación no podrá ser designado ni desempeñar funcionesen empleos públicos por tres años ni, tampoco, podrá realizar trámites o gestiones durante un año ante organismos públicos nacionales, provinciales y/o municipales.

Igual de rigurosas son las sanciones que introduce para quienes sea designados como autoridades de mesa y no cumplan con esa obligación, sin justificativos, serán penados con prisión de «seis a dos años» -no son de cumplimiento efectivo- y, además, el juez electoral podrá imponerle la realización de tareas comunitarias por un período de 24 a 120 horas.   

También en referencia a las autoridades de mesa, el proyecto K propone priorizar para esos cargos electorales a los docentes de los distintos niveles.