Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 y candidato a integrar la Corte Suprema, se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado, compartió su visión sobre el estado de la justicia, y expuso sus propuestas para la Corte Suprema. El magistrado fue uno de los candidatos propuestos por el presidente Milei para ocupar una vacante en el Máximo Tribunal.
Ariel Lijo en el Senado: un fuerte mensaje en favor de bajar la litigiosidad
El juez remarcó la necesidad de fijar políticas para todo el Poder Judicial, de mejorar la modernización de la justicia y planteó la relevancia de trabajar con los otros poderes del Estado. También propuso la creación de la Secretaría de investigación del atentado a la Embajada de Israel
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Ariel Lijo se presentó en el Congreso tras la postulación para la Corte Suprema.
El juez, acompañado por su madre y su hijo, hizo una presentación personal, habló de sus antecedentes, y haciendo referencia a sus más de treinta años trabajando en el Poder Judicial, destacó que la función de los magistrados no se agota en intervenir en los casos que le tocan, ya que hay otras dimensiones que debe abordar, por ejemplo establecer políticas judiciales que irradien a todos los integrantes del Poder Judicial.
“Para eso es indispensable conocer la realidad de la justicia federal de todo el país y de las justicias provinciales, cosa que tuve el privilegio de ver de primera mano, cuando en mi rol de secretario general de la Asociación de Jueces Federales interactué con los diferentes actores que tienen a su cargo resolver los fenómenos criminales de cada región y las personas que los padecen”, explicó. Y en relación a esto destacó la importancia de respetar la autonomía de las provincias, de las economías regionales y los recursos naturales.
“Es saber que atrás de cada decisión hay una realidad que no se puede volcar en los papeles. Son, centralmente, las experiencias humanas. Por eso deben establecerse políticas institucionales desde la Corte hacia adentro y hacia afuera”, dijo, a la vez que subrayó que el Máximo Tribunal ya viene haciendo este trabajo en varios aspectos, y para ejemplificar mencionó el plan de Políticas de Estado para el Poder Judicial, presentado en 2007.
“Los casos no se terminan en los papeles que los jueces tienen en su escritorio. Detrás de los casos de criminalidad organizada hay consecuencias que las personas siguen sufriendo y de las cuales también el Poder Judicial debe ocuparse, ya sea con acciones directas formando a sus integrantes como hace permanentemente la UEJN, o bien, coordinando acciones concretas con el Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, así como emprendiendo acciones en conjunto con el Parlamento para soluciones integrales”, sostuvo.
Durante su presentación, Lijo hizo mucho hincapié en la cuestión del acceso a la justicia. “La Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia eliminando las barreras que hoy en día existen y de este modo hacer que la sociedad pueda gozar de manera efectiva de todos los derechos que la asisten.”, dijo.
Al describir esta problemática mencionó de varios factores: por un lado la barrera cultural y social, personas que no se animan a presentarse en Tribunales, que no saben cómo acudir a la justicia, a donde denunciar ni cómo hacerlo; también destacó que los diseños administrativos son complejos y a veces las personas cometen errores en ese proceso de admisión por no conocerlos. Por eso, aseguró Lijo, “debe existir sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de un conflicto”.
Lijo destacó también que “la Corte Suprema debe tener una política que implique una tutela efectiva de los casos de violencia doméstica, de género, laboral, de menores y adicciones”, y en este punto destacó la creación de la Oficina de Violencia Doméstica. “Se trata de dar respuestas efectivas que resuelvan los problemas de las personas y no quedar en meros discursos o puestas en escena. Este enfoque permite establecer políticas efectivas que marquen el camino a todos los integrantes del Poder Judicial, y las que ya existen mejorarlas para que sean herramientas útiles”, afirmó.
También habló de la modernización de la justicia, no solo en su aspecto tecnológico, sino el relativo a dinamizar los procesos de producción de sentencias en la Corte. En este punto resaltó la importancia de trabajar con el Congreso para encontrar mecanismos que simplifiquen y bajen el nivel de litigiosidad que llega a la Corte Suprema por diversas vías, y que además “debería incluir la discusión sobre si es necesario imponer plazos”. Asimismo expresó que internamente la Corte debe trabajar en mejorar o modificar las reglas de superintendencia, aumentando la delegación en las cámaras federales en la adopción de decisiones que hacen a la gestión de los recursos.
Lijo: "Hay que ir a un proceso de segmentación"
“Hay que ir a un proceso de segmentación. Hoy en todos los sectores las propuestas de servicios están estructuradas en función de las múltiples demandas, y el Poder Judicial para un universo de conflictos tiene una propuesta única, utiliza el mismo proceso, los mismos recursos, las mismas personas y los mismos tiempos para una catástrofe ambiental o para el arrebato de un celular.”, explicó.
Por eso la Corte, como cabeza del Poder Judicial, “debe trabajar en conjunto con el Poder Legislativo para brindar respuestas idóneas, diferenciando los procesos según la demanda, la gravedad, el grado de conflicto. Es razonable que tengamos distintos métodos para distintas demandas, para distintos problemas, esto permite respuestas más rápidas y más acorde a los conflictos de las personas. No hay que quedarse en los diagnósticos hay que trabajar en las soluciones”, sostuvo.
Seguidamente habló de que la Constitución establece esferas de competencia para cada uno de los poderes, y a su vez la Constitución fija un sistema de frenos y contra pesos de funcionamiento entre los tres poderes. “El cumplimiento de esas atribuciones en el marco del respeto al mandato constitucional en la forma y en el fondo tienen una presunción de legitimidad, y soy de la idea de la estabilidad de los actos de los poderes”, dijo.
Ariel Lijo y la invalidez de la norma
Explicó que los controles recíprocos son mecanismos institucionales complejos con múltiples aristas, pero “en este escenario tengo una convicción central: declarar la invalidez de una norma es de una gravedad institucional extraordinaria, y sólo debe reservarse a aquellos casos en los que sea imposible sostener su constitucionalidad o cuando se haya violado el proceso deliberativo establecido por la Constitución”.
Según entiende, “esto implica que las cuestiones de la política deben resolverse en los ámbitos de la discusión pública de ideas. Las cuestiones entre el Parlamento y Poder Ejecutivo tiene las reglas de los frenos y contra pesos y no siempre el Poder Judicial es el poder adecuado ni el que esta llamado a resolver esa categoría de conflictos”.
Finalmente mencionó la creación de la Secretaría de Investigación del Atentado a la Embajada. “El Poder Judicial debe dar pruebas de que aprendió, se capacitó y está en condiciones de enfrentar cualquier conflicto independientemente de su complejidad”, explicó.
“La Corte tiene dos funciones, una centrada en la investigación propiamente dicha, y la otra en la capacitación de los miembros del Poder Judicial y en la implementación de acciones con otras entidades y organismos para luchar contra la discriminación en todas sus formas, en particular contra el antisemitismo, dado que es sin dudas la causa de los dos atentados terroristas, que produjo un crisis global a partir de los acontecimientos del 7 de octubre”, enunció el juez, que luego aseguró que el valor agregado de la creación de una secretaría especializada es establecer una política de Estado desde la Corte, “a través de la cual generar conciencia, compromiso y acciones de todos los actores del Poder Judicial en todo el país”, concluyó.
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