La investigación del Ministerio Público Fiscal sobre la licitación de la Hidrovía fue contundente: registró distorsión en la evaluación, limitación a la participación y falta de justificación para la deuda pendiente. Ante ello, Jorge Taiana presentó un proyecto en Diputados en donde solicita al Poder Ejecutivo "la inmediata suspensión del procedimiento".
Hidrovía: presentaron un proyecto en Diputados para anular el proceso de licitación
La iniciativa legislativa se presenta luego de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal al respecto de un potencial direccionamiento del concurso que busca concesionar la Vía Navegable Troncal.
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Entre los puntos de su proyecto de resolución, el diputado nacional también pide que "los pliegos licitatorios garanticen el efectivo cumplimiento de los principios de transparencia, concurrencia, igualdad, razonabilidad y acceso a la información pública"; requiere "la realización de estudios ambientales integrales"; impulsa "una nueva instancia de participación ciudadana y audiencia pública"; y reitera su "más enérgico repudio a las graves irregularidades, cuestionamientos técnicos, jurídicos, ambientales e institucionales denunciados en torno al proceso licitatorio".
Taiana realizó advertencias acerca de la licitación desde el inicio del procedimiento, presentando en febrero un pedido de informes luego de detectar que en el proceso se estaban "desatendiendo aspectos fundamentales que hacen a la transparencia". Este viernes, una investigación de la Procuraduría Investigaciones Administrativas (PIA), organismo del Ministerio Público Fiscal, consideró que la "ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo". Los dos grupos que están involucrados en la licitación son los belgas Jan De Nul -que opera en la Hidrovía desde 1995- y DEME.
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"La Agencia Nacional de Puertos y Navegación repitió irregularidades que ya habían sido advertidas en procedimientos licitatorios anteriores", plantea la Justicia. Las pruebas quedaron en manos de la Fiscalía Federal N° 9 de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de ellas, la PIA remarcó:
- Incumplimiento de la Ley 27.566: sobre el acceso a la información ambiental durante el proceso de audiencia pública, dado que se presentaron más de 9.000 páginas para analizar en un plazo breve para su consideración. "El procedimiento instado de participación ciudadana se redujo a un cumplimiento meramente formal y ritualista", sostiene el documento.
- Condiciones para la cesión del contrato: el modelo de contrato establece que el contrato de concesión podrá cederse a un tercero si este cumple "requisitos similares" al cedente, transcurrido al menos el 20% del plazo del contrato o de la inversión comprometida. "Esta cláusula atenta contra el principio de igualdad -que debe garantizarse en todas las etapas- respecto de otros oferentes que no fueron adjudicados o que se autoexcluyeron por no cumplir los requisitos exigidos, ya que permitiría que termine siendo concesionario alguien que originalmente no cumplía con todas las condiciones", expresa la PIA.
- Inadecuada redacción de la Cláusula Anticorrupción: el pliego conserva una redacción que permitiría reconocer prestaciones al concesionario sobre la base del enriquecimiento sin causa, incluso tras haberse verificado una práctica corrupta. El dictamen advirtió sobre "la irracionalidad de compensar económicamente al sujeto activo del hecho ilícito cuando su propio accionar irregular es el que origina la nulidad del vínculo contractual".
- Limitación a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes: el pliego licitatorio establece una lógica restrictiva donde solo pueden cuestionar la evaluación de una etapa quienes hayan sido sujetos de evaluación en ella. La PIA observó que esta disposición constituye "una restricción ilegítima al derecho de todo oferente a que todo el procedimiento se lleve adelante en un contexto de regularidad, razonabilidad e igualdad".
- Limitación a la participación de ciertas formas asociativas: el pliego licitatorio persiste en restringir la participación de oferentes bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE) sin brindar un sustento fáctico o legal que justifique tal limitación.
- Distorsión en la forma de evaluación de las ofertas: el diseño del pliego "desnaturaliza el funcionamiento estructural del procedimiento de licitación pública de etapa múltiple. La irregularidad principal radica en la implementación de una fórmula de Puntaje Global de la Oferta (PGO) que vuelve a ponderar la calificación técnica junto con la económica en la instancia final. Esta doble valoración desvirtúa el propósito del sistema de etapas, en el cual el análisis técnico debiera operar estrictamente como un filtro de admisibilidad y capacidad".
- Falta de justificación para la deuda pendiente con acreedores actuales: se mantuvo "la falta de justificación sobre la inclusión de las deudas pendientes con los actuales acreedores" de la Hidrovía.