Lo único que faltaba era que Horacio Verbitsky, ayer en el diario oficialista «Página/12», escribiera que las acusaciones de corrupción que formulara la internacionalmente famosa Estela de Carlotto contra la Comisión Provincial de la Memoria, que aquél supervisaba sin ser integrante, fueron «otro ramalazo de la interminable descomposición de la mejor maldita policía del mundo», según escribió el periodista. Es sabido: nuestra izquierda le adjudica el quíntuple de los males que tienen todas las policías. Kirchner también lo hace.
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El enfrentamiento interno a esa izquierda la ha convulsionado y despertado sus instintos venenosos porque Estela Barnes de Carlotto es la más conocida defensora de los derechos humanos en el país y en el exterior. Más inclusive que el oscuro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que compartía con ella la presidencia de la citada comisión creada por ley provincial bonaerense y solventada desde el Estado (ya se gestiona un proyecto en la Legislatura de La Plata para disolverla por ley).
Verbitsky ataca con violencia a la Sra. de Carlotto, pero es impensable que este columnista del diario «Página/12» y hoy asesor influyente del presidente Néstor Kirchner pueda defenestrar a una mujer que durante los años '70 sufrió el secuestro y la desaparición de su hija Laura y lleva 34 años en búsqueda de su nieta nacida en cautiverio, tras haber llegado a entregar a sus abuelos legítimos a 79 chicos apropiados por fuerzas de represión en aquellos años.
Verbitsky tendrá amigos pero no familiares desaparecidos, y además tiene fama de haber traicionado al grupo subversivo Montoneros, al que perteneció durante la lucha armada hasta su sospechosa renuncia. Haber escrito en esos años '70 libros sobre aeronáutica junto con figuras del gobierno militar como el comodoro Juan José «Cadete» Güiraldes le resta fuerza para atacar a Carlotto, aunque ayer lo hizo con extrema dureza. En la revista, también de izquierda, «Veintitrés» ella lo acusa de mentir.
La disputa pone de relieve que la corrupción parecía ajena a la izquierda criolla sólo en la medida en que no tenían acceso a fondos públicos como ahora ocurre. Carlotto -a diferencia de Hebe de Bonafini, de sólo una rama de las Madres de Plaza de Mayo- es considerada una figura mesurada. Jamás elogió al terrorismo de la ETA y menos la voladura de las Torres Gemelas, como hizo Bonafini. Por eso su figura es creíble cuando dice: «Tengo una total tranquilidad de confianza porque al denunciar y renunciar hice lo que debía. Di todas las oportunidades para que todo se resolviera en lo interno (de la comisión), pero lo publicaba Verbitsky en 'Página/12' deformando la verdad o mintiendo. Esto me indignó, porque soy una persona que tiene una norma de conducta.Verbitsky es un hombre que se ha metido en este tema de manera feroz y utiliza la Comisión para descargar dardos contra el gobernador Solá y miente. Esta animadversión fue creciendo dentro de la Comisión y al regresar de España me entero de que ha habido un comunicado con acusaciones al gobierno de la provincia que no son ciertas. No me liga absolutamente nada en lo ideológico o partidario, pero no acepto que no se diga la verdad. A partir de falla asunción de mi hijo Remo en la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno bonaerense, cambió todo en la Comisión. Hicieron renunciar a Sara Derotier (también atacada porVerbitsky), que hace un año y medio que tenía una función. Mis hijos tienen méritos propios, trayectoria, años de lucha (su hija Claudia preside la Comisión Nacional de la Identidad). Desde que asumió (Remo Carlotto) hay una suerte de persecución hacia él. Nunca quise que mis hijos actuaran en cargos políticos, pero lo designaron y no fue su mamá. Yo pedí la separación de Gabriela Cerrutti de la Comisión. La Comisión se creó para un fin determinado y no para prestar servicios a los que la integramos. Críticas al ALCA y al Mercosur no es tema de nuestra competencia, ya que debíamos cumplir la custodia y digitalización de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Eso quedó empantanado porque se priorizaron gastos altos en otras cosas».
• Inquisidora
Gabriela Cerrutti fue una inquisidora del ex presidente Carlos Menem desde una óptica totalmente de izquierda (escribió «El Jefe»). Luego tuvo un conchabo (vence en diciembre) de $ 5.000 por mes en la Municipalidad de Buenos Aires con Aníbal Ibarra, para escribir una revista, «Ciudad Abierta», que circuló sin pena ni gloria, pero que ahora ha pasado a ser suplemento de «Página/12», financiada desde el municipio porteño por el mismo Ibarra.
Cerrutti, entonces, inventa en la provincia de Buenos Aires, próximo a cerrarse su ingreso anterior, esta Comisión de la Memoria, de la cual pasó a ser «directora ejecutiva». Desde la Comisión se crea luego y aparte un «Centro de Estudios por la Memoria», donde la presidenta Carlotto del organismo madre pasó a ser sólo secretaria. En este «centro», Cerrutti vuelve a usar fondos públicos para inventar una revista «Puentes», donde -según Carlotto- hace trabajar a varios familiares también.
Verbitsky dijo ayer que «Cerrutti no manejaba fondos. Mil ejemplares de la revista 'Puente' tienen un costo de $ 7.000 de impresión, $ 3.000 de fotocromía, y un promedio de $ 1.000 en cinco colaboradores. El equipo técnico no cobra sueldos, sino honorarios profesionales, ya que todos son contratados, entre $ 1.000 y $ 2.800".
Además de no tener sentido la edición de tal revista con fondos del Estado más allá de satisfacerla a Cerrutti,Verbitsky miente en los costos, porque en periodismo, más allá de 29 días, no hay «contratados», sino personal fijo. La Comisión de la Memoria transforma así a la izquierda también en prebendaria del Estado y autora de negociados, como han criticado tanto a los empresarios por pedido de créditos oficiales. El mismo Verbitsky mencionó «$ 15.000 para alquiler de micros para ir a una concentración», y $ 20.000 que hoy el influyente periodista logra aportar a las Madres de Plaza de Mayo. Pero sibilinamente, Verbitsky agregó: «Hay un solo gasto sin rendir en la Comisión: los $ 4.000 entregados a Remo Carlotto en ocasión de un viaje a Europa con su madre para que buscara archivos que por desgracia no encontró».
Pero Carlotto no se queda atrás. Habla de la obsesión típica de la izquierda criolla al atacar creyéndose inmune a actos de corrupción y dice que «aunque parezca mentira, a veces el advenimiento de gobiernos constitucionales descoloca a mucha gente, empiezan a salir los egoísmos, los intereses personales y particulares. Estoy tranquila y voy a seguir trabajando en Abuelas mientras tenga vida». Luego lanza su más profunda estocada y dice que por no disponer de fondos, para extraerlos del gobierno bonaerense «falsificaron mi firm a».
Verbitsky invoca a un tal Carlos Sánchez Viamonte que descarta eso y señala que «se trataba de una nota burocrática (al Estado) que autorizó por teléfono como tantas veces, en la cual no se le falsificó la firma, sino que se le colocó su nombre. No se disponía de fondos». Difícil que la Tesorería y el Tribunal de Cuentas de la provincia -en realidad, en ninguna actividad administrativa aun privada, lo cual daría razón a la Sra. de Carlotto- se entreguen fondos públicos con una nota donde sólo conste el nombre y no la firma de la autorizante. Es obvio.
El sector Verbitsky-Cerrutti-Pérez Esquivel quería la autarquía de la Comisión, y el gobernador Solá se la negaba. La Sra. de Carlotto, que se dice comprensiva con el país que recibieron Solá y el presidente Kirchner, quería que la Comisión se limitara a sus fines específicos, los archivos de la represión en el pasado, y no a declaraciones de prensa por cualquier motivo, o editar la revista «Puente» para ingresos de la periodista Cerrutti y sus familiares, más costosas colaboraciones que compraba para ese medio en el exterior.
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