En el 'palo' hay un lema: la SIDE (ahora denominada SI, Secretaría de Inteligencia de la Presidencia) nunca debe ser noticia», confesó un agente del organismo estatal. Pero ayer el Boletín Oficial sacó a la luz el Decreto Nº 1386/2006 que establece un aumento de sueldo de 19 por ciento para los miembros del sector. No es un secreto que esos integrantes de la administración pública nacional regidos por el estatuto del personal civil de inteligencia (PCI) son seres humanos que viven de un sueldo como cualquier mortal. Sin embargo, la noticia causó preocupación en otras esferas del gobierno nacional, por caso, el Ministerio de Defensa y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) porque el beneficio no alcanzó a los «PCI» de sus estructuras que también están comprendidos y regidos por el mismo estatuto.
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El estatuto se modificó y aprobó durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Miguel Angel Toma ejercía las funciones de « señor Cinco», como se conoce al secretario de inteligencia de la Presidencia y justamente una de sus novedades fue eliminar la separación que había entre agentes de la SIDE y de los organismos militares. Los segregados por el decreto de Kirchner son el personal de planta de las agencias de inteligencia castrenses, de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar y parte del plantel de la PSA. «Es como si al gremio docente le dieran un aumento y éste no le llegase a los que se desempeñan en tal o cual colegio», protestó Horacio S, un «sifón» (en la jerga, espía del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea).
Carlos Aguilar, titular de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, que reporta a la ministra Nilda Garré, es la máxima autoridad del aparato de inteligencia castrense, sabe de qué se trata: es PCI de la Fuerza Aérea, se desempeñó como analista de inteligencia exterior, aunque ahora se presume habrá renunciado o estará con licencia sin goce de haberes para poder ejercer el cargo de director.
La novedad aparecida en el Boletín Oficial sorprendió también a los colaboradores de Marcelo Saín, titular de la PSA, pues desde que el gobierno nacional lanzó la política de recomposición salarial de los empleados públicos, a la gente de la PSA se lo mantuvo al margen. Esa Policía aún mantiene un número importante de efectivos bajo el escalafón del estatuto de personal civil de inteligencia pues así ingresaban cuando la Fuerza Aérea Argentina ejercía su control. Para cumplir con su misión la SI tiene alrededor de 2.500 hombres entre funcionarios, analistas, empleados administrativos, ordenanzas y un número no determinado de agentes secretos. Héctor Icazuriaga, el secretario del organismo estatal peleó y consiguió para su gente la recomposición de la escala de haberes retroactiva al 1 de julio de 2005 y luego sobre esa nueva remuneración, el aumento de 10 por ciento a partir del 1 de junio de 2006 y de 9 por ciento a partir del 1 de agosto de 2006. La máxima categoría percibirá un sueldo de 1.964,58 pesos, según la escala que aparece en el boletín.
Es cierto que la inteligencia castrense le ha dado dolores de cabeza al gobierno con escándalos como el del espionaje interno que habría ocurrido en Trelew. Pero la ironía es que ese affaire no fue protagonizado por agentes civiles de inteligencia sino por uniformados. En tanto que desde la asunción de Néstor Kirchner se han repetido sin cesar denuncias de políticos de la oposición por «escuchas ilegales» presuntamente ejecutadas por agentes de la SI.
El clima de desconfianza que anima la relación del gobierno con los aparatos de espionaje castrense se vio conmovido ayer por una denuncia que recibió la ministra Garré. Una más de las innumerables e inverosímiles que circulan desde la desaparición de Jorge López, el testigo clave en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz. Decía la versión que el cuerpo del testigo López estaba enterrado en un predio de Campo de Mayo. Se movieron de inmediato todos los resortes institucionales del Ejército y hasta el propio director de inteligencia estratégica, Aguilar, se trasladó a la zona. Luego se verificó que la denuncia carecía de asidero.
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