Un fiscal se pronunció hoy a favor de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictada por el Congreso al considerar que "no se hizo más que reparar la falla constitucional del Poder Legislativo", cuando a fines de la década del `80 dictó las normas de impunidad.
El dictamen fue firmado por el fiscal Eduardo Taiano, quien está a cargo de la investigación de los cr¡menes ocurridos en el área de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que fue reabierta por la Cámara Federal luego de la nulidad dictada por el Congreso.
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Taiano pidió al juez Sergio Torres que se rechace un planteo para que se declare la inconstitucionalidad de la ley del Congreso interpuesto por un ex represor, el capitán médico Carlos Octavio Capdevila, quien está detenido junto a Alfredo Astiz entre otros acusados.
"Con la sanción de la ley 25.779 (nulidad de las leyes del perdón) el Congreso no hizo más que reparar la falla constitucional del poder legislativo cuando sancionó las leyes 23.492 y 23.521 (Obediencia Debida y Punto Final)", sostuvo Taiano en el dictamen.
Además señaló que el Poder Legislativo "no pudo permanecer ajeno y cómplice con el mantenimiento de normas locales diametralmente opuestas al derecho internacional vigente desde el siglo pasado y que, colocaron al Estado Argentino en un flagrante incumplimiento de los compromisos expresamente asumidos ante la comunidad internacional y del derecho de gentes".
La Corte Suprema de Justicia derivó a la Cámara de Casación la decisión sobre la validez de las leyes de impunidad en el caso del represor Antonio del Cerro.
Además la Corte deberá expedirse sobre la cuestión en relación al ex marino Astiz.
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