La Cámara de Diputados dio un paso hacia la aprobación en el recinto de las leyes contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo, al avanzar con el dictamen en un plenario de las comisiones de Finanzas y Legislación Penal, adonde asistió el ministro de Justicia Julio Alak.
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Las dos propuestas del Poder Ejecutivo lograron las firmas necesarias para conseguir dictamen y ser debatidas esta semana en el recinto, con el objetivo de adecuar la legislación nacional a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante el debate, generó una fuerte polémica el proyecto que incorpora una nueva agravante en la parte general del Código Penal, que intensifica la pena de cualquier delito que sea cometido con finalidad terrorista.
La norma dice que se aplicará el agravante si la finalidad fuese la de "obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo" y aclara que se utilizará "siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional".
Ante los cuestionamientos, Alak admitió que el proyecto que modifica el Código Penal sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista fue motivo de "preocupación para los legisladores", pero negó que avance hacia "la criminalización de la protesta".
Ademas, reconoció que dentro de su cartera también existió un debate en torno a incorporar el delito a través de "generar un agravante o de crear una parte especial dentro del Código".
Tras la exposición del funcionario, el titular del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, cuestionó duramente el proyecto y consideró que "para cumplir con el GAFI hay que ir directamente a sus recomendaciones". "Este proyecto es confuso. Lleva a una criminalización sin necesidad. Hubiera bastado con algo más simple", resaltó el radical y abogado constitucionalista.
"Queremos que el Gobierno pueda cumplir con el GAFI, pero no queremos aprobar esto", afirmó Gil Lavedra.
A su turno, la diputada Marcela Rodríguez, del monobloque Democracia Igualitaria y Participativa (DIP), señaló que el proyecto de terrorismo es una "torpeza técnica". "Nadie comete un delito si está ejerciendo un derecho", resaltó Rodríguez, en referencia a que si protestar es un derecho, no se puede criminalizar.
La diputada del Frente Amplio Progresista (FAP), Margarita Stolbizer, a su vez, destacó "el sinceramiento" del ministro Alak sobre que había "polémica" en torno al proyecto y reclamó "suspender el debate". En tanto, el proyecto de lavado de dinero establece la reforma del Código Penal a fin de incluir las principales conductas punibles que afectan el orden económico y financiero.
El texto avanza en la tipificación de los delitos de uso de información privilegiada y manipulación de valores negociables, conductas penales que forman parte de los estándares recomendados por la GAFI. Más allá de las críticas, los dos proyectos avanzaron en comisión y esta semana serán debatidos en el recinto, en el marco de las sesiones previstas para miércoles, jueves y viernes.
• Proyecto de ley penal tributaria
En plenario, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal de la Cámara baja firmaron el dictamen del proyecto de ley penal tributaria, que quedó listo para ir al recinto esta semana.
La iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo actualiza los montos de la evasión simple y de la evasión agravada. El dictamen se consiguió en un rápido trámite de veinte minutos, en el marco del plenario de las comisiones comandadas por los oficialistas Roberto Feletti y Oscar Albrieu.
Según el texto del proyecto, "el piso mínimo para que una maniobra sea considerada delito pasa de 100 mil a 400 mil pesos, mientras que la evasión agravada pasa de un millón a 4 millones".
La norma actualiza también otros montos, por ejemplo, para ser penado por el cobro de un reintegro indebido y para los agentes de retención que no depositen los tributos retenidos.
Los bloque de la UCR y el Peronismo Federal celebraron que el proyecto oficial "tomó en cuenta muchos de los puntos de acuerdo" que se habían consensuado meses atrás entre las distintas bancadas, cuando habían analizado el tema en comisión.
Acompañaron el dictamen "en disidencia parcial", ya que mostraron sus reparos al punto que impide la suspensión del juicio a prueba.
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