El diputado radical Juan Acuña Kunz inició la batalla dialéctica pidiendo que se apruebe un
proyecto de repudio «a los hechos de represión». Enérgico, contraatacó, entre otros,
justicialista José Manuel Córdoba.
Treinta y seis cartuchos de balas de goma, dos recipientes de balas de plomo y otros cuatro cartuchos de una pistola 9 milímetros se convirtieron ayer en el eje de la sesión de la Cámara de Diputados, donde la oposición arrinconó al oficialismo con una denuncia penal por la represión policial en Santa Cruz.
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La embestida contra el gobierno nacional estuvo liderada por el diputado radical de la UCR Juan Acuña Kunz, quien exhibió en pleno recinto una denuncia penal radicada ayer ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Río Gallegos por un empleado municipal, Manuel Eduardo Bahamonde, que recogió más de 40 balas disparadas durante una movilización en reclamo de mejoras salariales.
«Aníbal Fernández habla de oído, a tres mil kilómetros de distancia, y dice que los manifestantes se autoinfligieron las heridas. Y que hubo un cacerolazo contra la madre de Kirchner. Miente también el Presidente, porque la protesta fue contra la casa del ministro de Gobierno -Daniel Varizat-que vive cerca. Acá tengo calentita, recién denunciada en la Justicia de Río Gallegos la feroz represión policial», bramó Acuña Kunz, casi levitando sobre su banca.
La respuesta kirchnerista estuvo a cargo del jefe de bloque, Agustín Rossi: «No hay ningún herido de bala de fuego», diagnosticó desde el recinto el ingeniero santafesino, en referencia a los incidentes de Santa Cruz. «El único municipio que sufre esta situación es el de Río Gallegos. Si esto no es politización de una situación que socialmente debería tener una mirada calma, entonces estamos faltando a la verdad. El intendente radical -Héctor Roquel-les dio asueto a los empleados para que pudieran marchar contra la casa del Presidente», denunció Rossi.
Completó el concepto el kirchnerista pingüino José Córdoba, quien intentó deslindar al gobierno nacional del operativo represivo y acusó a los «cuadros sindicales de la UCR» de haber provocado la violencia. Generó así más ira en el radical Acuña Kunz: «El diputado preopinante miente. Hay un lesionado que fue operado hoy y puede perder tres falanges de los dedos del pie», aseguró el diputado que opinó con fundamento, ya que, además de político, también es médico cirujano. El arista Eduardo Macaluse se sumó al debate y dijo que en Santa Cruz «están podridos de represión, autoritarismo y de ser sometidos. Quien gobierna esa provincia no fue electo por el pueblo y el Presidente debe pensar: en mi estancia yo manejo las cosas a los fustazos y el que se resiste es estaqueado».
Rechazo
Tras la batalla verbal, la UCR intentó que se vote un proyecto de resolución en repudio a la violencia santacruceña, pero el oficialismo lo rechazó. Previamente, el kirchnerismo también impidió tres pedidos de informes a la ministra de Defensa, Nilda Garré, por el incendio del rompehielos Almirante-Irízar, la caída de un avión Mirage y el problema originado por la salida de funcionamiento del radar principal del aeropuerto de Ezeiza.
El oficialismo se defendió con el argumento de que Garré se reunirá con diputados y senadores de las comisiones de defensa, pero en una dependencia militar. El diputado del ARI Carlos Raimundi reclamó que por la importancia del tema el debate tendría que ser abierto y realizarse en el Congreso. Y advirtió, al igual que la UCR, que no iban a asistir a una reunión reservada dentro de una dependencia militar. Antes, la Cámara había aprobado también la renuncia presentada por el diputado kirchnerista, ex macrista, Jorge Argüello, quien fue designado embajador argentino ante las Naciones Unidas.
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