Bolsa de gatos

Política

Por Rodolfo Tailhade, diputado nacional FPV-PJ.-


Está claro que el circo mediático generado en torno a las fotocopias de unos cuadernos -que nunca aparecieron- supuestamente escritos por un chofer, apunta a volver a poner a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena de un caso de corrupción, pese a la ausencia de elementos de prueba que la involucren en la trama.

A través del espectáculo público que diariamente ofrecen, Claudio Bonadio y Carlos Stornelli insisten en el despliegue de una estrategia funcional a los intereses del gobierno de Mauricio Macri, desesperado por tapar -sin éxitos importantes, a la luz de sondeos realizados por consultoras muy próximas al oficialismo- la realidad económica y social que ahoga a los empresarios pymes, a los maestros, a los jubilados, a los trabajadores, a los sectores populares, situación que nos trae aromas y colores de 2001.

La investigación viola impúdica y sistemáticamente elementales garantías constitucionales, y lleva al margen más extremo la vigencia del Estado de Derecho. El show de las delaciones, precedidas por subastas de la figura del "arrepentido" -"porque no hay para todos", según dijo el ex miembro de la barra brava de Boca Stornelli-, y tormentos psicológicos a personas detenidas, debería alertar a todas las fuerzas democráticas del país sobre los enormes riesgos que se ciernen sobre la institucionalidad argentina.

En los dos años y medio que lleva el macrismo en el poder, los sectores más poderosos del Poder Judicial no han dejado norma por vulnerar ni causa por armar para perseguir a nuestra fuerza política. Por eso dije que la van a pagar: este cuadro de extrema gravedad deberá ser reparado cuando las condiciones permitan el enjuiciamiento político de los responsables de forzar instrumentos legales para perseguir opositores y privarlos ilegalmente de la libertad, y su consecuente destitución.

Más allá del cambalache judicial, aparece notorio que las decisiones más importantes que deberían ser consecuencia natural de la investigación, resultan incómodas para el gobierno nacional. Una de ellas, la rescisión de los contratos de obra pública con las empresas cuyos directivos admitieron haber sobornado o participado de actos ilícitos, impacta de lleno en empresas de la familia presidencial.

El argumento de que las empresas no son responsables por lo que hacen los empleados es pueril: Luis Betnaza no era el cadete de Techint, era el CEO; Angelo Calcaterra no era el chofer de IECSA, era el dueño (o al menos el testaferro de su primo); y así podríamos seguir con todos los "arrepentidos". Además, los históricos gerentes de Mauricio y Franco Macri siguen en SACDE de Marcelo Mindlin, y otros en distintos ministerios nacionales.

Asimismo, los empresarios involucrados que se acogieron al último blanqueo deben inmediatamente perder todos los beneficios que obtuvieron, tal cual lo establece el artículo 84 de la ley de "reparación histórica". Esa sería una forma rápida de recuperar los miles de millones robados y evadidos por los empresarios argentinos, a quienes el propio Franco Macri definió como "una bolsa de gatos que patea en contra de los intereses de la patria", bolsa de la que la familia presidencial forma parte desde los años de la dictadura.

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