El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, insistió en que si la empresa finlandesa Botnia pone a funcionar la pastera en la ciudad uruguaya de Fray Bentos en setiembre próximo sin esperar el fallo del tribunal arbitral de La Haya, se podría solicitar una «medida cautelar», posibilidad que ya había sido esbozada por la fiscal de Estado de la provincia, Claudia Mizawak.
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Pero no sólo el gobierno de Busti analiza recurrir a esta herramienta: los asambleístas se sumarían al pedido que realice Entre Ríos a la Cancillería argentina.
«La planta comenzará a funcionar y no habrá antes un fallo de la Corte sobre la cuestión de fondo. Ante esta circunstancia, consideramos que procedería el recurso, ya que, en su fallo anterior, el tribunal dice que la Argentina tiene la posibilidad de presentar otra cautelar ante un nuevo hecho», explicó Mizawak. Este nuevo hecho sería, según consignó la fiscal, que la planta inicia su producción, ya concluida su etapa de construcción.
Este año el gobierno argentino, a través de una delegación encabezada por Susana Ruiz Cerutti, intentó paralizar las obras con una medida cautelar presentada ante el tribunal internacional, pero el reclamo fue denegado. Lo cierto es que la Corte habitualmente rechaza las medidas cautelares y así lo hizo también con un pedido uruguayo para que se removieran los bloqueos de ruta en Entre Ríos.
Busti dijo que «para poder intentar parar el funcionamiento hasta que salga el fallo» existe la posibilidad de «solicitar nuevamente» una medida cautelar.
Además, dijo que «aparentemente (desde Botnia) están haciendo preparativos» y agregó que «la política del hecho consumado sin esperar qué es lo que va a resolver el tribunal de La Haya provoca inquietud en Gualeguaychú».
Deuda
El mandatario -que en diciembre será reemplazado por su ministro de Gobierno, Sergio Urribarri- se reunió ayer con Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno para cerrar un acuerdo por la deuda del Sistema de Seguridad Social de Entre Ríos por 205 millones de pesos, con lo se garantiza el pago de las prestaciones a más de 36 mil jubilados y pensionados de la provincia.
Durante ese encuentro, Busti presentó a Kirchner sus quejas por las versiones que recriminan al gobierno entrerriano por haber apoyado económicamente a los asambleístas de Gualeguaychú.
Al respecto, dijo que «ésa es una crítica que respetamos», pero de inmediato aclaró que «si bien es cierto que el gobierno en alguna oportunidad» dio su apoyo a los asambleístas, «lo hizo para la divulgaciónde la tarea ambiental,pero nunca para el corte de ruta» con Uruguay.
«Nosotros no hemos hecho aportes económicos para fomentar la ilegalidad», insistió Busti, tras recordar que Urribarri participó de la reunión con el «facilitador» español, Antonio Yáñez Barnuevo, para tratar de dar una solución «pacífica» al conflicto con Uruguay por la pastera de Botnia.
Asambleístas
En paralelo, Kirchner le confirmó a Busti que el martes próximo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el canciller, Jorge Taiana, recibirán en la Casa Rosada a una representación de la asamblea de Gualeguaychú.
De todos modos, la confirmación de este encuentro ya había llegado a manos de los ambientalistas a través del vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, quien suele oficiar de «puente» entre los entrerrianos y Fernández.
«Iremos a Buenos Aires con un amplio temario que tendrá por eje el expreso pedido de que la 'causa nacional' asumida por el gobierno se corporice en términos concretos y prácticos para frenar el avance de Botnia», señaló la dirigente Susana Padín.
Además, los vecinos que desde noviembre mantienen bloqueados los puentes sobre el río Uruguay pedirán la nacionalización de la Ley de la Madera que se puso en vigencia en Entre Ríos y exigirán al gobierno nacional que impida la instalación de la química finlandesa Kémira en Santa Fe, porque entienden que se trata de «una provocación».
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