Buscan Pacto de La Moncloa en jubilaciones

Sería, quizá, la única herencia positiva que deje este gobierno.

Para ello los posibles candidatos a la presidencia rubricarán las bases sobre las cuales se diseñará la reforma previsional.

Es más, varios de ellos ya se han comprometido, informal-mente, a comulgar el «pacto previsional».

El objetivo final es una ley jubilatoria para todos los trabajadores argentinos. Porque la situación actual es una verdadera bomba de tiempo social. Esto explica el apoyo de los políticos presidenciables, que por lo menos aspiran a que si llegan al poder tendrán un foco de conflicto menos.

Quienes promocionan el pacto apuntan a darle rango constitucional e, inclusive, que la seguridad social sea una cuestión de Estado ajena a los vaivenes de la coyuntura fiscal del Palacio de Hacienda, brindándole una gran dosis de estabilidad a las reglas de juego.

En realidad, el pacto que inspiró a los funcionarios argentinos fue el llamado pacto de Toledo, donde los españoles acordaron que la seguridad social sería una cuestión de Estado con agenda propia, y que cualquiera que accediera al poder la cumpliría.

Quienes entienden la problemática sostienen que la actual legislación previsional tendría que sufrir algunos retoques pero que requieren de fuertes consensos sociales, políticos y económicos. De ahí que quienes se nominan para ser el próximo presidente prefieren llegar al gobierno con este problema resuelto o en vías de resolución.

Uno de los puntos clave, a negociar, es precisamente el sistema de recaudación. En el mundo los expertos aconsejan centralizar la recaudación de la seguridad social sacándola del ejido de la tesorería del gobierno para no mezclar los ingresos fiscales con los previsionales. Detrás de este tema se juega la definición de la fiscalización de la recaudación. Porque en los últimos gobiernos se priorizó la recaudación y no el nivel de cobertura social de los trabajadores.

Un dato a tener en cuenta es que 85% de la recaudación previsional corresponde a 15% de las empresas registradas, pero a 15% de los trabajadores. De modo que quedan fuera de todo control 85% de los trabajadores.