El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que el Gobierno buscará evitar los 400 despidos de la imprenta estadounidense Donnelley y ratificó que la intención es que permanezca abierta y operativa.
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"Apenas apareció el cierre, nos reunimos esta semana con el sindicato y con delegados de la comisión interna, y le hemos dicho claramente que es un caso donde vamos a intervenir", relató Tomada en diálogo con radio América.
"Esta maniobra extemporánea y perversa que esta empresa llevó a cabo va a encontrar una posición muy firme por parte del Gobierno", enfatizó el ministro, que tras la cadena nacional de la presidente Cristina de Kirchner ya presentada la denuncia.
"Vamos a buscar la forma de que la empresa siga abierta, para que los trabajadores puedan continuar en sus puestos, ya sea como cooperativa o con otros dueños", afirmó, pero también reveló que "hay varias propuestas, como reubicar a los trabajadores en distintas empresas gráficas".
En ese sentido, Tomada insistió en que detrás del cierre de la empresa se encuentra la acción de un fondo buitre, y dijo que hay "pruebas suficientes" para probar ante la justicia las acusaciones penales que iniciará el Ejecutivo nacional. En las últimas horas se pudo determinar que la composición accionaria de la casa matriz del grupo empresario es la sociedad estadounidense R.R. Donnelley & Sons Company y entre sus principales propietarios figuran los fondos de inversión Blackrock Inc., Capital World Investors, The Vanguard Group Inc. y State Street Corporation.
Estos grupos inversores son socios del fondo de inversión Elliott Management Corporation, perteneciente al magnate Paul Singer, en varios sectores estratégicos como el energético. Todos ellos participan en el capital de la empresa Hess Corporation, cuyo presidente habría sido nombrado a instancias de Singer.
También se determinó que estos fondos tienen participaciones en común en las siguientes empresas: Hornbeck Offshore Services, Delphi Automotive PLC (con presencia en Argentina), Riverbed Technology Inc., Companhia de Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo, Juniper Networks Inc.
Con las pruebas sobre la mesa, Tomada manifestó que "fue una maniobra muy planificada destinada a generar problemas, si no, no se explica la presencia de este fondo buitre atrás de la empresa, el intempestivo cierre y el sospechoso auto de quiebra".
"Es insólito, inédito, un proceso como el de Donnelley, me llamó la atención la simultaneidad del cierre con el pedido de quiebra, que fue pedido 48 horas antes", remarcó el funcionario.
El pedido de revocatoria de quiebra que el Estado nacional realizó ante la justicia contra la imprenta se fundó en que la empresa no tiene una deuda significativa, sus activos son superiores al pasivo y no registra oscilaciones en su producción durante los últimos años. La deuda con la AFIP menor a los $ 100.000 y el activo de $ 180 millones es superior al pasivo de $ 140 millones.
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