La puja por los juegos de azar y quién los controla en la Capital Federal se acrecentó con la firma de un polémico decreto que el ex presidente Fernando de Rúa firmara legislando sobre el juego en la Ciudad de Buenos Aires a través de Lotería Nacional. Autorizó la instalación de casinos en la ciudad y máquinas tragamonedas, a través del eufemismo, en esa norma, que los denominaba «máquinas de resolución inmediata». Se iniciaron entonces juicios de amparo, reclamos y denuncias penales de toda índole que terminaron judicializando el tema. Inclusive se abrió una investigación penal en la Justicia Federal sobre el ex presidente y un empresario que pretendía ingresar en la actividad del juego en la Ciudad de Buenos Aires, quien presuntamente sería el beneficiario y operador del mencionado decreto. Esa causa, actualmente en trámite, tiene bajo denuncia tanto al empresario como al ex presidente. Simultáneamente, denuncias de la ex defensora porteña Alicia Oliveira y del legislador Atilio Alimena derivaron en la declaración de inconstitucionalidad del mencionado decreto del Ejecutivo Nacional. La medida se tomó como base que el gobierno nacional no puede legislar ni dictar normas sobre el juego en la Capital Federal, siendo una actividad reservada a la Ciudad en el marco de su Constitución.
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El cruce de causas judiciales continuó y hasta magistrados de otros distritos llegaron a autorizar la instalación de tragamonedas en la Capital, en contra de la ley porteña que las prohíbe.
La intención de aquellos que patrocinaban aquel decreto era la de abrir casas con instalación de tragamonedas y máquinas de ruleta en la Ciudad de Buenos Aires. Dichas tragamonedas y ruletas se abrirían sobre las hoy existentes agencias hípicas que recogen apuestas de Palermo, San Isidro y La Plata, además de sobre los bingos ya existentes.
Tras diversas instancias judiciales, todas desfavorables a la instalación de máquinas tragamonedas y ruletas, los gobiernos nacional y de la Ciudad se ponen de acuerdo para, mediante la firma de un convenio, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires deberá ser refrendado por la Legislatura, establecer una suerte de doble jurisdicción (Nacional y de la Ciudad), otorgando a Lotería Nacional la última palabra y la autoridad definitiva para conceder nuevas licencias, habilitar juegos y casas de juego en la Ciudad de Buenos Aires. Las ganancias que se obtendrían en concepto de canon e impuestos se repartirían entre la Capital y el Estado nacional. La duración del acuerdo es de cuatro (4) años, lo cual coincide con los períodos de gobierno de las respectivas autoridades a la cabeza del Ejecutivo Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
•Puerta abierta
Hoy el convenio ingresará para su convalidación en la Legislatura porteña.
La Ciudad cede la facultad de legislar en materia de juego y, al menos, cincuenta por ciento de los ingresos de la actividad. En el convenio, se le reserva a la Capital Federal sólo el otorgar conformidad a las iniciativas de Lotería Nacional. Con ello, se deja abierta la puerta para que dentro de los próximos cuatro años, Lotería Nacional inunde con autorizaciones y, por ende, con casinos, a la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, el mencionado convenio no tiene por objeto otra cosa que poner en marcha el controvertido decreto de De la Rúa que desatara críticas debido a las peligrosas consecuencias de que, luego de muchísimos años de prohibición, el juego asiente sus reales en la Ciudad de Buenos Aires, siempre remisa a autorizar la expansión de las actividades lúdicas en su ámbito.
Por otra parte, la Legislatura porteña pierde durante los próximos cuatro años, toda posibilidad de legislar y hasta de opinar en la materia. Existen así sospechas de todo tipo sobre las razones de tanta urgencia y sigilo.
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