Caso Brukman: desconcierto en gobierno

Los piqueteros ayer insistieron con una manifestación en la Plaza de Mayo. Algunos grupos se detuvieron antes en la textil Brukman que piden expropiar.

El gobierno nacional recurrió ayer a los oficios de la izquierda criolla para que lo auxilie en un conflicto de fábrica tomada que complica a Néstor Kirchner.

Está preocupado ahora por el campamento que armaron ex empleados de la textil Brukman, una pequeña empresa concursada de la Capital Federal cuya ilegal expropiación resiste, entre otros, Aníbal Ibarra. Llegó a tal punto la ansiedad por quitar ese escenario callejero de la gestión Kirchner, que el Presidente ordenó que se haga una comisión especial para desalojar a los obreros, con la idea de llegar a un acuerdo pacífico.

Para la intermediación entre obreros rebeldes y funcionarios, los ministros que ofician de «solucionadores» convocaron a la diputada izquierdista Vilma Ripoll y a la legisladora de Autonomía Popular, Beatriz Baltroc. Esas damas, impulsoras de varias expropiaciones de empresas en la Capital Federal, serán citadas con discreción para que den una suerte de cátedra sobre la materia Brukman, que desvela al gobierno por varias razones.

Uno de esos motivos es que la zona, Jujuy y Venezuela, donde está armada la carpa de costureras, requiere de una fuerte custodia policial para evitar que los ex empleados de la empresa regresen a ella. La PyME está concursada y es complicada la causa judicial, lo cual no ha permitido a los diputados porteños sancionar una ley, como ya hicieron con media docena de casos, que declare la «utilidad pública» del establecimiento y su producción.
Esa guardia policial, entiende el gobierno, mantiene al barrio en alerta permanente, ya que además periódicamente -como por ejemplo ayer-se hacen allí piquetes del que participan el MST de Ripoll, el Polo Obrero y otros grupos. Pero además, sostienen los funcionarios, «sale más caro pagarle a los policías que reabrir la fábrica». Por eso en la comisión pro Brukman, que el martes debutó con su primera reunión, participan el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, su secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y debutando con funciones en el gobierno, el periodista Miguel Bonasso. El cronista fue invitado por el propio Kirchner, quien quizá recuerde cuando los vientos setentistas intervinieron con dineros del Estado para sostener el emprendimiento lanero La Bernalesa, una industria en el partido bonaerense de Quilmes, en la que trabajan miles de obreros. Fue en aquella década una reivindicación, que recordarán el Presidente y su asistente y biógrafo Bonasso.

De esa reunión, además del trío mencionado, participaron un representante del Ministerio de Trabajo y el secretario de Desarrollo Económico del gobierno porteño, Eduardo Hecker.

Además el problema concentró ayer la atención de los ministros A.Fernández -(Aníbal (Interior) y Alberto (jefe de Gabinete)- en especial del ex legislador porteño ( Alberto) quien supo participar en los debates de expropiaciones en el recinto de la Capital Federal. Como lo viene haciendo, cuando debe encontrar soluciones para Kirchner, A.Fernández ( Alberto) recuerda a sus ex compañeros de la Capital Federal. Generoso, ha tenido presente a varios en momentos clave, como Béliz, Julio Vitobello, Lucía Colombo y otros que ya ostentan títulos en el gobierno nacional. Esta vez al recurrir a su álbum debió llamar a Ripoll y Baltroc para que expliquen al plantel de ministros interesados cómo es la cuestión.

Las legisladoras sostienen que los obreros ya dieron todos los pasos que les pedían: renuncian a la demanda de estatización, armaron una cooperativa y dicen, estar en las mismas condiciones que el resto de las PyMEs que fueron expropiadas con el aval de Aníbal Ibarra.

Sin embargo, en este caso, el gobierno porteño se niega a dar curso a una ley que disponga que la propiedad de la textil pasa a manos de los empleados, con un juicio a favor de los titulares.

Ibarra considera que en particular esa empresa «no está quebrada está concursada». Ese concurso, además, tiene una prórroga y según sostiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires «la jueza comercial no está queriendo dar la continuidad a los empleados». Otros datos, fueron aportados incluso por Hecker en la reunión del martes: no están seguros que los 115 empleados que estaban en el plantel de la textil en diciembre de 2001, cuando comenzó el concurso, siga completo. La cuenta de quienes están en la carpa de protesta asegura que actualmente el reclamo es de 60 obreros.

Lo que también duda el gobierno de Ibarra es si mantendrá su postura en caso que la comisión Béliz-Bonasso aconseje la expropiación. Es decir, que Ibarra no le negaría esa posibilidad al Presidente, menos en plena campaña electoral porteña en la que el jefe de gobierno aspira a ser reelecto.