Sin datos ni novedades, a dos semanas de la última vez que se vio a Jorge Julio López, organismos de DD.HH. y agrupaciones políticas volvieron a marchar ayer para pedir la aparición con vida del albañil que testificó contra Miguel Etchecolatz, sentenciado por genocidio.
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En medio del reclamo público, la familia de López se reunió ayer con los fiscales que llevan la causa, Marcelo Martini y Javier Berlingieri, de la UFI 3 de La Plata, y pidieron que la investigación se centralice en la Justicia para evitar superposiciones.
A su vez, el ministro de Seguridad, León Arslanian, se reunió con la procuradora de la Corte María del Carmen Falbo y el cuerpo de fiscales de La Plata:el general Héctor Vogliolo, el adjunto Gustavo Lambruschini y los fiscales de la causa. Arslanian estuvo acompañado por su gabinete.
El ministro y los funcionarios del Ministerio Público desarrollaron las distintas líneas en que se orienta la investigación por la desaparición de López. Y se enfocó a la necesidad de coordinar los trabajos de pesquisa que realiza cada área.
Como se sabe, además de la Policía Bonaerense, también trabajan en el caso López la Policía Federal, la SIDE y Gendarmería. A pesar de eso, anoche no había más datos que la declaración de los testigos -conocida la semana pasadaque afirman haberlo visto el lunes 18 por la mañana.
En paralelo, luego de las amenazas que recibió el presidente del tribunal que juzgó a Miguel Etchecolatz, Carlos Rozansky, ayer trascendió que el fiscal federal general de La Plata Carlos Dulau Dumm fue amenazado a través de una carta dirigida a su nombre.
Concentración
El contenido del mensaje contra Dulau Dumm, según se informó, es « similar» al que recibió Rozansky.
En tanto, al cumplirse dos semanas de la desaparición de López, alrededor de dos mil personas se concentraron frente a Casa de Gobierno, para pedir la aparición con vida del testigo.
En tal sentido, Nilda Eloy afirmó que pidió «una audiencia con -Felipe-Solá y -el ministro de Seguridad León-Arslanian, pero no nos fue dada», lo que provocó una silbatina generalizada.
Además, agregó que «no es un día para aplausos. El Estado tiene que tomar la decisión de acompañarnos en derribar el muro de la impunidad», dijo, porque «todavía tenemos miles de represores sueltos en la calle», agregó.
En cuanto a la protección de testigos, Eloy afirmó: «Un testigo cercano me confesó que no quiere ser custodiado por la Bonaerense, esto lo tiene que solucionar el Estado, debe responder a este mensaje».
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