La defensa de la exmandataria presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal para que se revise la sentencia a 6 años de prisión. En paralelo, el fiscal Mario Villar solicitará un incremento de la pena a 12 años.
Cristina va a la Corte con un recurso en queja por la condena de la causa Vialidad.
Los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron este lunes un recurso de “queja” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revierta su condena en la denominada causa Vialidad. El máximo tribunal, ampliado a raíz de su reciente nuevo ingresado, no tiene plazos para resolver. En paralelo, se presentó una recusación contra el juez Manuel García-Mansilla por haber sido designado por decreto, sin el aval del Senado.
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Carlos Belardi, abogado defensor de la expresidenta aseguró que en términos jurídicos "no hay ninguna posibilidad de que vaya presa", en referencia a la condena a seis años recibida por la causa Vialidad.
“¿Cristina tiene miedo de ir presa?”, le preguntaron a Beraldi en la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, donde dio la conferencia de prensa. "Cristina nunca tuvo miedo", afirmó. Y agregó que su defendida sabe cuál fue su accionar como mandataria y que este proceso "existe porque ha hecho muchas reformas que no le perdonan".
Asimismo, sostuvo que la afirmación que realizó el presidente Javier Milei, al manifestar que "va a ir presa", es algo "grave dentro del manejo de causas judiciales" y que un jefe de Estado tiene "prohibido" hacer. Es en esa línea que CFK recusó a García-Mansilla. Para su defensa hay un hilo conductor entre las declaraciones de Milei y la designación por decreto presidencial de uno de los jueces que debe decidir, precisamente, sobre su libertad.
El presentado este lunes es el último recurso que tiene Cristina Kirchner para lograr su absolución en el caso en el que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es porque el 21 de marzo pasado, la sala IV de la Cámara Federal declaró inadmisible el recurso extraordinario para llegar a la Corte que había presentado la defensa de Fernández y del resto de los condenados en la causa. Fueron un total de diez panteos, incluido el de la fiscalía, los rechazados por los jueces de Casación.
En un documento de diez páginas, la defensa de la exmandataria advierte que, en caso de un fallo adverso o un rechazo del recurso, apelará a tribunales internacionales. “Habida cuenta de las graves violaciones a garantías convencionales cometidas en el caso e incorporadas a nuestro texto constitucional, cuya lesión compromete la responsabilidad del Estado argentino en el plano externo”, argumenta.
Con la firma de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, el escrito habla de “grosera arbitrariedad” durante todo el proceso judicial, que se encamina a su final. Hablan de numerosos pedidos de medidas de prueba rechazados por el Tribunal, violación del derecho de defensa, violación de la garantía de cosa juzgada y la vulneración de garantías constitucionales.
“En el proceso del juicio de Vialidad se limitó de manera incorrecta y arbitraria la posibilidad de ofrecer prueba de descargo y de que el tribunal analice todas y cada una de las defensas que fueron presentadas”, aseguró Beraldi en la conferencia de prensa y recalcó: “Los jueces no pueden tomar una posición acusadora como ocurrió en este expediente”.
Ahora la Corte -que no tiene plazos- podrá tomar el recurso y emitir un fallo o rechazarlo apelando al artículo 280, que le permite no analizar la cuestión de fondo. En ese caso la condena quedará firme y Cristina Kirchner deberá cumplir con la condena. Para Beraldi esa no es una posibilidad jurídica, ya que en total son diez planteos los que debe resolver y, sobre todo, porque el máximo tribunal ya se pronunció en varias oportunidades en este expediente.
En el texto, la defensa insiste que el proceso tiene el objetivo político de encarcelar a Cristina: “Las graves irregularidades cometidas en el caso no son vicios aislados ni tampoco constituyen meros errores jurisdiccionales, sino antes bien encuentran como única posible explicación la decisión deliberada de privar a Cristina Kirchner de las garantías de las que debe gozar cualquier persona cuando enfrenta un juicio penal y de dictarle una condena que, entre otras cosas, determine su exclusión definitiva de la vida política. Es decir, se ha aplicado en el caso una especie de poder de excepción, en el cual la lógica de la definición entre lo lícito y lo ilícito fue dejada de lado por una potestad decisoria que abandona los principios básicos de la función judicial: aplicar de manera imparcial la ley al caso, en base a las pruebas recogidas en un juicio sustanciado conforme a derecho”.
El fiscal también recurrió a la Corte para insistir con la figura de asociación ilícita y doblar la pena a doce años de prisión ¿Es posible que esto ocurra?, interrogó Ámbito. “Es jurídicamente imposible”, respondió Beraldi. Explicó que el Código Procesal establece que la fiscalía no puede recurrir la absolución en este caso, por lo que la Corte debería rechazar el planteo.
Ahora, en caso de que se admita ambas quejas, la Corte Suprema deberá dar intervención a la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, el jefe de todos los fiscales, para que emita un dictamen. Luego quedará en condiciones de fallar.
De todas maneras, pese al requerimiento, lo que opine la Procuración no será vinculante para el máximo tribunal, actualmente integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y su más reciente integrante, Manuel García-Mansilla.
En la causa se investigan irregularidades en la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Baez. La expresidenta tiene una condena confirmada por Casación de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de fraude contra la administración pública.
Además de Cristina Kirchner hay otros ocho imputados condenados y cuatro absuelto.
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