“Siempre hay un pero y el diablo está en los detalles”. Esta fue una de las frases con las que el abogado de Raúl Daruich, uno de los exjefes de la delegación de Vialidad Nacional en Santa Cruz, ilustró su alegato de defensa por el espacio de más de dos horas.
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En primer término, Mario Ganora apuntó contra la calificación con la que el Ministerio Público pidió cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida para su defendido.
Aseguró que su cliente no tuvo responsabilidad alguna en los controles a Austral Construcciones y que, además, la argumentación que esbozaron Diego Luciani y Sergio Mola califica como estafa y no como fraude al Estado.
Apoyado en jurisprudencia, explicó que -a su entender- en base al argumento de la fiscalía, no se trató de un delito de administración fraudulenta sino de estafa. La diferencia -explicó- es que en una figura hay dolo y en la otra no. “Hay diferencias sustanciales entre ambos tipos delictivos”, dijo. "Hay un defecto basal” en la imputación, lo que “dificulta la defensa en juicio”.
El defensor argumentó que los mismos fiscales sostienen que Raúl Osvaldo Daruich no tenía a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos. “Por lo tanto, al no reunirse las condiciones del tipo especial no le puedo cargar a él estos delitos”, dijo.
En cuanto a las responsabilidades de control de Daruich, el abogado advirtió sobre lo que consideró un defecto sustancial del juicio oral. “No hemos profundizado a lo largo de todo el proceso cómo está organizada la DNV y cuál es la posición del jefe del Distrito 23 en esa estructura administrativa”, dijo. Y afirmó que “normativamente el que celebra los contratos es el administrador general de Vialidad”.
Para Ganora, su defendido no tenía ni la potestad ni las herramientas para llevar a delante los controles sobre las obras otorgadas a Lázaro Báez. Dijo que tanto testigos cuanto imputados coincidieron en el “deterioro” de los recursos de las delegaciones de Vialidad Nacional de todo el país. Y que “el Distrito 23 (Santa Cruz) era “una cáscara vacía” que estaba “desarticulada en su funcionamiento”, ya que las responsabilidades de contralor pasaron a la Agencia Gubernamental de Vialidad Provincial (AGVP).
Describió que dicha dependencia no tenía campamentos propios y era muy precaria. Y recordó que solo tenía un tinglado donde “había ratas”, según relató uno de los testigos. Por lo tanto, para Ganora, “ese Distrito, en esas condiciones, no podía hacerse cargo de una decisión política que se tomaba desde la administración nacional. “El jefe de Distrito, Daruich, no pone ni saca el rey”, afirmó.
“A confesión de parte, relevo de pruebas”
Ganora recordó que en el propio alegato formulado por el fiscal Mola el 16 de agosto de este año, “él dice que las facultades de supervisión no estaban regladas”. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, remató.
El defensor recordó que la Fiscalía habló de una “vasta red de complicidades” para defraudar al Estado y buscó refutar esta línea de la acusación. En ese sentido recordó el contexto social y económico en el que estaba sumida la Argentina en el año 2003 y el rol que tuvo la obra pública para dinamizar la economía. “Una de las situaciones que enfrenta el Gobierno Nacional en 2003 es que encuentra un país en plena crisis”, recordó, “casi al borde del abismo”, con saqueos, desocupación masiva, pobreza, etc. Ganora explicó que, para revertir esa crisis profunda, como sucedió en casi todo el mundo, “se echa mano a la obra pública. Especialmente a la obra pública vial”. Y puso como ejemplo lo que pasó en Alemania o en EE.UU. durante la crisis del 30. El objetivo de este mecanismo -detalló- es volver a poner en marcha el aparato productivo. Y recordó que este concepto lo señalaron en este juicio los testigos Alberto Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Carlos Zannini, entre otros.
El abogado dijo que, en nuestro país, la construcción moviliza a alrededor de 70 gremios y que es una receta que se aplicó en todos los países del mundo. Lo que argumentó, finalmente, es que para llevar adelante este plan puntualmente en Santa Cruz había que dotar de recursos al Distrito 23 o “recurrir a lo que ya estaba”, que era la AGPV.
“Lo que yo creo que ocurrió… yo no niego que estos procesos son pasibles de que exista corrupción”, reconoció. Por lo que concluyó que pudo haber habido irregularidades aisladas, pero “no cabe la explicación de la conspiración de la que habla el Ministerio Público. (…) “Estamos en Argentina. Y las buenas intenciones tapizan el camino del infierno”, ilustró.
Por otra parte, el abogado también respondió en duros términos al pedido de condena de la Unidad de Información Financiera de un año de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fue “una especie de rito antiguo, que es el del sacrificio del chivo expiatorio”, lanzó.
Para finalizar, reclamó la absolución de Raúl Daruich o, en su defecto, una condena en suspenso.
Con el objetivo de convencer a los jueces del tribunal, Ganora enfatizó su mensaje final: “La peor forma de corrupción es condenar a un inocente”.
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