El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, a quien acusó de haber mantenido presuntas “coordinaciones extraprocesales” con funcionarios de ARCA en una causa vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La presentación quedó radicada este lunes ante el organismo que preside Horacio Rosatti.
Denuncian al juez Diego Amarante por presuntas maniobras para direccionar causa contra la AFA
La presentación acusa a Diego Amarante de haber coordinado de manera informal con funcionarios de ARCA estrategias para impulsar nuevas denuncias y agravar la situación judicial de dirigentes del fútbol argentino. También reclamaron una investigación disciplinaria por presunta pérdida de imparcialidad. Porque aparentemente en este país hasta la neutralidad judicial entra al VAR.
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Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra el juez Diego Amarante.
En el escrito, Dalbón sostuvo que los hechos denunciados podrían configurar “causales de remoción por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” y reclamó la apertura de un procedimiento disciplinario contra el magistrado. Según afirmó, la conducta atribuida a Amarante implicaría “el incumplimiento de normas constitucionales y legales, la negligencia grave en el ejercicio del cargo y la realización de actos de manifiesta arbitrariedad”.
La denuncia toma como punto de partida una publicación periodística del medio Data Clave titulada “El polémico juez Amarante le ofreció a ARCA que denuncie a la AFA nuevamente para complicar a Tapia y a Toviggino”, difundida el 7 de mayo. Allí se indicó que el magistrado habría mantenido conversaciones informales con funcionarios del organismo recaudador para impulsar nuevas acusaciones en la investigación.
Dalbón sostuvo que, de confirmarse esos hechos, Amarante “habría abandonado su posición constitucional de tercero imparcial para asumir un rol materialmente asimilable al de colaborador o asesor informal de la acusación”. Y agregó: “Un juez no puede intervenir activamente en el diseño de estrategias acusatorias, ni sugerir a un organismo denunciante qué figuras penales incorporar, qué líneas investigativas profundizar o qué medidas adoptar para ‘complicar’ la situación judicial de determinadas personas”.
La presentación también hace foco en la supuesta pérdida de imparcialidad del magistrado. “La justicia penal no puede transformarse en una herramienta de disciplinamiento político, institucional o personal”, afirmó el abogado en uno de los tramos más duros del escrito. Además, sostuvo que “el proceso judicial no puede ser utilizado para perseguir individuos previamente seleccionados ni para construir acusaciones direccionadas”.
En otro apartado, Dalbón remarcó que la eventual existencia de contactos informales entre el juez y ARCA “reviste una gravedad institucional evidente” porque comprometería “la apariencia de neutralidad que constituye uno de los pilares esenciales del sistema republicano de administración de justicia”. Según argumentó, “la imparcialidad judicial no solo debe existir, también debe percibirse externamente”.
El escrito advierte además que las actuaciones impulsadas en la causa derivaron en “procesamientos, embargos y restricciones personales”, por lo que consideró que las presuntas maniobras no pueden analizarse de manera aislada. “Cuando un juez aparece públicamente vinculado a maniobras orientadas a direccionar acusaciones o promover estrategias persecutorias junto a una de las partes del proceso, no solo se afecta la situación concreta de los involucrados, sino también la credibilidad misma del sistema judicial”, señaló.
Dalbón también apuntó contra una supuesta utilización política del proceso penal. “La ciudadanía no espera jueces militantes, operadores políticos ni funcionarios judiciales comprometidos con objetivos personales o sectoriales, sino magistrados independientes”, sostuvo. Y agregó que “el daño institucional generado trasciende el expediente concreto y alcanza directamente la confianza social en la administración de justicia”.
Como medidas de prueba, el abogado pidió que el Consejo requiera el expediente completo que tramita en el juzgado de Amarante, que solicite a ARCA las denuncias y ampliaciones vinculadas a la AFA y que se incorporen registros de reuniones, ingresos al juzgado y comunicaciones entre funcionarios del organismo y dependencias judiciales. También reclamó que sean citados a declarar los funcionarios de ARCA que hayan intervenido en esas actuaciones.
Finalmente, la denuncia solicita que, en caso de verificarse los hechos, el Consejo de la Magistratura impulse la acusación formal del juez ante el Jurado de Enjuiciamiento.