Chachistas piden respaldo para seguir contra la Corte

El ala más dura de la Comisión de Juicio Político ratificó ayer la intención de sacar ma-ñana un dictamen de acusación contra la Corte Suprema por mal desempeño.

El kirchneriano Sergio Acevedo mantuvo una reunión informal con la creadora del «Rinconcito de los Jubilados» María América González (Frente Grande), el socialista Héctor Polino y la correntina Araceli Méndez de Ferreyra (Frepaso) para juramentarse a continuar con la embestida contra los 9 jueces.

«El jueves (por mañana) vamos a presentar el despacho para que se pueda firmar», insistió el titular de la comisión. Los peronistas Alejandra Oviedo, Manuel Baladrón, Enrique Tanoni y José Mirábile tienen por un lado redactado un preinforme rechazando lisa y llanamente el juicio.

La cita de la víspera, no obstante la determinación de los presentes a practicar tiro a los ministros del Poder Judicial, derivó en algunos planteos de María América González y Polino hacia Acevedo. «Yo quiero saber si realmente hay vocación de acusar, porque lo veo un tanto complicado el proceso», comenzó la abogada de los abuelitos.

«Por supuesto, no ponemos en duda nuestra decisión política, pero tampoco queremos que esto llegue al recinto y lo voltee el PJ, sin que lo hayamos previsto», apuntó González, en abierta alusión a que el oficialismo nunca lo discutió a fondo en Diputados (en las últimas horas, el correntino Rodolfo Martínez Llano le pidió a Humberto Roggero que se abra este debate «por la profunda repercusión institucional del caso»).

«No, hay que ir para adelante; yo sé que en el bloque peronista nos van a acompañar», trató de convencerla Acevedo. Con mayor crudeza, Polino aventuró que «me parece que no están dadas las condiciones para una acusación; no veo apoyo político ni creo que el gobierno esté en condiciones de soportar una situación como ésta».

El delegado de Néstor Kirchner no atendió las razones -bastante sólidas del legislador socialista-y prosiguió con la arenga, consciente de que lo alientan Elisa Carrió y la frepasista Nilda Garré, y de que el duhaldismo no sabe qué hacer para parar la embestida que el mismo gobierno desató en febrero.

Acevedo, que originalmente resultó funcional a aquella jugada del gobierno, hoy -como corresponde-sólo atiende las motivaciones de su jefe político y se tornó ingobernable para Eduardo Duhalde. De hecho, no resulta azaroso que prometa dicta-men de acusación, justo cuando el Congreso debe dar la primera señal concreta hacia el Fondo con leyes clave (modificaciones de Quiebras y subversión económica).

Tampoco parece ajeno a la táctica de Acevedo el hecho de que Duhalde haya convalidado el ingreso de Arturo Puricelli al staff del Ministerio del Interior, durante el fin de semana. Puricelli, que asumió la Secretaría de Relaciones con las Provincias -a las órdenes de Jorge Matzkin- fue gobernador santacruceño antes que Kirchner, quien terminó expulsándolo del peronismo local. Puricelli es enemigo declarado del actual mandatario provincial: formó el Movimiento Federal Santacruceño (MOFESA) y en el '99 se acopló como sublema de la alianza UCR-Frepaso.

Kirchner y compañía tomaron esta designación como una virtual provocación y, en ese sentido, una de las formas de tomarse revancha consiste en reforzar el enjuiciamiento a la Corte. Sobre todo, en un momento crítico, mientras el FMI espera gestos de disciplina del Poder Legislativo y el secretario de Estado, Colin Powell, expresa la preocupación estadounidense por las instituciones argentinas.

Para colmo, el gobierno no tiene garantías de que, si bajaran los dictámenes de absolución y de acusación al recinto, los adversarios del máximo tribunal carecerán de los 2/3 para aprobar el primer paso hacia el cadalso del noneto de magistrados. Aún cuando podría primar la sensatez, tampoco habría que descartar que los despachos nunca lleguen al plenario de la Cámara baja. De cualquier manera, tendrán validez hasta el 9 de diciembre de 2003 y se transformarán en una suerte de mina activada.