El fiscal Miguel Ángel Gilligan volvió a expedirse en contra de que el Tribunal Superior de Justicia se expida "en recursos contra sentencias emanadas de tribunales nacionales, que no han sido transferidos".
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Ratifican la inconstitucionalidad de la ley que otorgó más poder al TSJ porteño.
El fiscal Miguel Ángel Gilligan volvió a expedirse en contra de que el Tribunal Superior de Justicia se expida "en recursos contra sentencias emanadas de tribunales nacionales, que no han sido transferidos".
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A través de un escrito, Gilligan apuntó contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aludiendo al dictamen en el expediente “Nº 18100/2021 AUTOS: “ASOCIACION CIVIL GENTE DE DERECHO C/GCBA-LEY 6452 S/AMPARO LEY 16.986”.
"En el aludido dictamen concluí que “mientras no se suscriba un convenio entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procede, por las razones analizadas, la descalificación constitucional de los arts. 4 y 7 de la Ley 6.452 de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Constitución Nacional y Leyes Locales citadas en el presente) y por ende, el Tribunal Superior de Justicia no puede entender en recursos contra sentencias emanadas de tribunales nacionales, que no han sido transferidos", señaló.
Ya en noviembre la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra Giménez, suspendió cautelarmente la aplicación de art. 4° de la ley 6.452 de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto habilita al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue en el marco de un expediente promovido por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), a fin de que se declare la inconstitucionalidad del mencionado artículo de la ley, sancionada por la Legislatura porteña el 30 de septiembre pasado y promulgada el 25 de octubre.
“Resulta de toda claridad que el Congreso Nacional y la Legislatura local establecieron que la transferencia de los fueros ordinarios, su competencia y partidas presupuestarias a cargo de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Poder Judicial de la Ciudad se produciría por un acuerdo entre los gobiernos ratificado por los poderes legislativos de ambos estados”, señaló la jueza.
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