Una señal para el Gobierno nacional y una esperanza para Horacio Rodríguez Larreta, en medio de la crítica pandemia y el año electoral, resultó la novedad que imprimió la Corte. Se trata del llamado de una secretaría del máximo tribunal a una audiencia de conciliación del conflicto por el recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Sorprendió a los funcionarios porteños que esperaban un pronunciamiento desde que presentaron, en septiembre pasado, un amparo cuando el Gobierno nacional le propinó a la Ciudad una poda de los fondos que enviaba para la Policía de la Ciudad. Por eso hubo algarabía en la Ciudad ayer, ante la convocatoria a una audiencia de conciliación, más allá de los resultados que esa instancia pueda producir. Más aún teniendo en cuenta que, la decisión de Alberto Fernández, también en septiembre del año pasado, de reducir puntos de coparticipación al distrito porteño al considerar que en su momento fueron calculados en exceso, fue convertida en ley por el Congreso, mientras el Gobierno porteño seguía esperando un pronunciamiento judicial. Consideraba inconstitucional el decreto presidencial que dispuso la quita, norma que luego se transformó en ley y que el Gobierno porteño también objetó ante la Corte.
De acuerdo a la ley en principio la Ciudad de Buenos Aires recibe $24.500 millones en doce cuotas, pero la misma ley define que Nación y Ciudad debían reunirse para pulir ese número. Larreta rechazó más de una vez la invitación de Martín Guzmán con ese propósito y el monto no se modificó.
De acuerdo a los números que maneja la Ciudad, en el primer trimestre de este año, le fueron girados $6 mil millones, pero estaría dejando de percibir $16 mil millones por ese tramo. La cifra haría rondar los $65 mil millones de recorte anual.
Además, Larreta en el Presupuesto para este año incluyó subas de impuestos para compensar la quita, inclusive agregó Ingresos Brutos de 1.2% a los gastos con tarjeta de crédito, prometiendo que si el desencuentro se resolvía, y recuperaba los fondos, desandaría las medidas.
El tema tensionó la relación entre el Gobierno nacional y el porteño.
Todo comenzó cuando, durante la presidencia de Mauricio Macri, se transfirió parte de la Policía Federal a la Ciudad y, de acuerdo a la Constitución Nacional, ese traspaso debe ir acompañado de los fondos correspondientes que en ese momento fueron traducidos en puntos de coparticipación. Alberto Fernández decidió reducir ese porcentaje y además transformar los fondos en una suma a definir por el Congreso, ya no en coparticipación.
La sensación de que la Corte haría dormir la presentación que Larreta hizo se acrecentó al ritmo de la aprobación del trámite legislativo, pero ahora los jueces parecen hacerle ver al Gobierno que no han olvidado el tema.
El miércoles, tres representantes de la Ciudad y otros tres de la Nación deberán concurrir a la audiencia de conciliación a partir del escrito que presentó el Gobierno porteño y que amplió tras la aprobación de la ley.
“Ante este nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ocasionado por la Ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, explicaron desde el Gobierno de la Ciudad en ese momento.
En la instancia, de no llegar a un acuerdo, podrían promoverse otros medios para la resolución y probablemente nuevos encuentros.
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