Las atropelladas verbales de Aníbal Ibarra y Mauricio Macri treparon un escalón hasta estallar en los tribunales: casi en simultáneo y vía delegados, uno y otro candidato desempolvaron ayer el ejercicio de la denuncia judicial para castigar a su oponente.
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Al mediodía, José Torello -apoderado de Compromiso para el Cambio-se dedicó a recorrer juzgados para repartir una denuncia contra el jefe de Gobierno, en la que lo acusó de «desviar fondos públicos» -de la pauta publicitaria oficial-con «fines proselitistas».
A la tarde, los ibarristas devolvieron el golpe: Claudio Lozano y Juliana Marino manotearon papeles donde figura Jorge Vanossi, candidato a diputado de Macri, cobrando una jubilación de privilegio de $ 5.500, y Santiago de Estrada aparece como gestor de beneficios especiales para la Corte Suprema.
Al margen de Cristian Caram, que la semana pasada paseó por Tribunales para imputarle a Ibarra irregularidades en el manejo de $ 84 millones, hasta ahora los principales candidatos porteños no se habían toreado en el ring judicial. Pero ayer llegó la hora.
Los macristas apuntaron contralos afiches con que Ibarra mandó a empapelar la Ciudad publicitando la inauguración de nuevas estaciones de subte, donde agregó -a pesar de tratarse de información de Gestión- su firma al pie y la de Jorge Telerman, el candidato a vice. Torello le imputó al frentista una infracción del Código Electoral y a la Ley 268, que prohíben -según explicó el apoderado- la propaganda institucional que tienda a inducir el voto «durante la campaña electoral y hasta finalizados los comicios».
Se presentó en el Superior Tribunal de Justicia, la Justicia Correccional Correccional y la Cámara Nacional Electoral el apoderado del machismo para exigir el «inmediato retiro» de la vía pública de la afichería de Ibarra.
En tanto, un rato más tarde, en el café Moliere, pleno San Telmo, Lozano y Marino -junto a Héctor Capaccioli, Eduardo Jozami y Delia Bisutti- castigaron a Vanossi y De Estrada, en ambos casos por cuestiones previsionales.
A Vanossi por, según detalló Marino con un recibo en la mano, «cobrar» una jubilación de privilegio desde el año 1983 por una cifra cercana a los $ 5.500 por su paso por la función pública a principios de los '70. «Es una falta total de ética », dijo Marino. • Pensiones
Para De Estrada la amansadota fue peor: lo acusaron de gestionar de manera «ultrarrápida », como subsecretario de Seguridad Social, durante el último tramo del gobierno de Carlos Menem, pensiones especiales para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. «Esa acción, que está siendo investigada por la Justicia y en la Comisión de Juicio Político de Diputados, es rayana con la ilegalidad», dijo la candidata respecto del tratamiento preferencial que habría dado De Estrada, hoy postulante por la lista 306, a los miembros del máximo tribunal.
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