Comunas, la gran novedad: qué son y cómo funcionarán

Mapa de las 15 comunas porteñas

Los porteños acuden a las urnas para elegir autoridades en las 15 comunas que conforman la Ciudad de Buenos Aires, y pocos saben de qué se trata realmente el sistema que prevé "descentralizar" la función de gobierno. Aunque novedosa para los porteños, esta forma de administrar el territorio es implementada en varias de las capitales europeas más importantes, en EEUU y más cerca en Montevideo y la santafesina Rosario.

En su génesis, la ley, que ve demorada su aplicación efectiva desde mediados de la década pasada, establece que las comunas se encarguen de gestionar cuestiones vinculadas directamente con lo barrial, y quita esas competencias al Gobierno de la Ciudad. De esta forma, la administración central deberá enfocarse en políticas estructurales del distrito como la educación, la salud pública, la seguridad, el transporte, entre otros asuntos. En términos de quienes respaldan el formato, la idea es que la Capital Federal profundice su autonomía y sea gestionada de la misma forma en que un gobernador lo hace en una provincia.

Las comunas están divididas por criterios sociales, económicos, culturales y por cantidad de habitantes. Cada una aglutina entre 180 y 220 mil residentes. En la norma se establece que estas "mini-intendencias" se encarguen de temas concretos y prioritarios para los vecinos como, por ejemplo, tareas vinculadas al mantenimiento de espacios públicos, arreglo de calles y de veredas, o la poda de árboles. A medida que los contratos vigentes se venzan, las comunas irán teniendo libertad de emplear a las empresas que deseen.

En diálogo con ámbito.com, el subsecretario de Atención Ciudadana del GCBA Eduardo Macchiavelli, sostuvo que desde el PRO consideran a las comunas como "una manera diferente de entender el Gobierno". Y señaló que "por casi una cuestión de sentido común, cuanto más cerca estás de la gente más cerca estás de los problemas, más rápido los entendés y más rápido los solucionás".

"Al bajar su escala de gobierno y reducirla en términos de superficie y población, con los mismo recursos se va a lograr una mejor eficiencia", comentó consultado por este medio el titular de la comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura, Rafael Gentili (Proyecto Sur). "Las comunas hacen las tareas de intendencias, sacan esas cuestiones de la discusión política, y obliga al jefe de Gobierno porteño a asumir tareas más complejas como las que realiza un gobernador, como ocuparse de la salud, seguridad, educación, basura, ambiente, transporte público", continúa.

En sintonía opinó el diputado nacional Roy Cortina (Partido Socialista), impulsor de la ley de Comunas. "Es un sistema por el cual se gana en eficacia y eficiencia para resolver algunos temas de la gestión local, y por otro lado se estimula una democracia de proximidad", explicó.

La justificación de este punto radica en la manera en que se distribuyen los 105 cargos que se crearán para esta nueva forma de gestionar la Ciudad. Cada comuna contará con una Junta de siete miembros que funcionará como un ejecutivo colegiado. Su presidente, que ejercerá la representación institucional del grupo, será quien obtenga más votos en la elección que se realizará en simultáneo con la de jefe de Gobierno el próximo 10 de julio. Pero en rigor la forma en que se distribuyen los nombramientos - por el sistema proporcinal D'Hont - estipula que una fuerza partidaria no contará con mayoría y por ende con el poder de tomar decisiones unilaterales. La idea es, según sus promotores, despolitizar ciertas cuestiones y que no se demoren las soluciones a los problemas en medio de ver quién lo capitaliza.

Tal como en cualquier elección, cada partido que aspire a tener representantes en las comunas deberá inscribir su lista de candidatos por cada uno de los 15 distritos. Quienes integren las listas deberán tener, como mínimo, dos años de residencia "habitual o permanente" en la zona que representará, ser mayor de edad, argentino o naturalizado con dos años al menos de ejercicio de la ciudadanía, y no encontrarse inhabilitado para ejercer cargos públicos tal como lo establece la Constitución de la Ciudad en sus artículos 72 y 73, tal como rige también para los legisladores. El cargo es por cuatro años, con la posibilidad de una reelección consecutiva.

Además de la Junta Comunal, encargada de la elaboración del presupuesto y su ejecución, otras dos áreas forman parte del sistema: el Consejo Consultivo (formado por ONGs, agrupaciones vecinales y ciudadanos individuales) y el de Coordinación Intercomunal (del que participan todos los presidentes de los 15 distritos y el jefe de Gobierno o un representante del Ejecutivo porteño designado por él).

El Consejo Consultivo se ocupará de aportar proyectos y fiscalizar la tarea de los comuneros. Por su parte, la Intercomunal evaluará las exigencias financieras de cada distrito para luego enviarlas a la Legislatura que deberá aprobarlas o rechazarlas. Una vez aceptado el presupuesto no puede ser modificado por el GCBA.

La Comisión Intercomunal, además, tendrá la tarea de dirimir discrepancias que surjan a raíz de las competencias entre las comunas, tanto entre sí como con el Gobierno. Por ejemplo, con cuestiones que se den en las zonas que actúan como límite entre dos de estos distritos, o si el arreglo implica una superposición entre las responsabilidades de la gestión barrial y la del Estado. Ante la duda la competencia la asumirá la administración central.

• Presupuesto

Se establece en la ley que las comunas manejen un tope del 5% - porcentaje que por ley rige durante los primeros dos años y luego puede ser modificado- del presupuesto porteño; hoy la cifra rondaría entre $ 1.200 y $ 1.300 millones. Se distribuirán entre estas "mini-intendencias" según criterios específicos para "beneficiar" a las zonas menos favorecidas. Es decir que, por ejemplo, la comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo) obtendría más recursos que la 14 (Palermo). Los salarios de sus representantes también surgen de esos fondos: cada uno cobrará unos $ 8.000, el equivalente al 60% de lo que percibe un legislador; el presidente recibirá un 10% más.

La norma no implica en sí un aumento de los gastos del Ejecutivo porteño. Se trata de una transferencia de fondos que el Gobierno de la Ciudad deberá realizar a las Juntas para que los responsables de los distritos realicen las actividades programadas, y que dejará de hacer el Estado. Las comunas, además, no podrán crear nuevos impuestos.

Para evitar demoras en el arranque del trabajo de los comuneros una vez que asuman, distintos sectores, entre ellos el Socialismo y el propio Gobierno de la Ciudad, ya preparan la presentación de una especie de "plan de gobernabilidad" para establecer un marco de funcionamiento mínimo de la Junta. Servirá para empezar a acelerar la puesta a punto del funcionamiento de las comunas antes de que asuman en diciembre las autoridades.

Entre los beneficios, desde el PS destacan que "la descentralización implica que una serie de servicios y temas que hoy acontecen en el casco céntrico se trasladen a otros puntos, y esto tiene impacto en todo: en el tránsito, en el transporte, en los trámites".

"El casco céntrico de la Ciudad representa el 6% del territorio, sólo vive el 7% de los porteños y ahí se realiza más del 90% de los trámites", insiste Cortina. "Nada haría mejor al tránsito que una ciudad que no sea un embudo. La descentralización va a obligar a cambiar la traza del transporte público. Se puede crear un sistema de salud más racional. La descentralización es una revolución urbanística", agrega.

Sin embargo, reconoce también que para que el sistema funcione como debe se requiere un plan "en serio en 10 o 15 años"; pero que una vez transcurrido ese lapso, y con la voluntad política real de implementarlo, "le cambias la cara a la Ciudad", asegura Cortina. Así, el proceso para reorganizar y descentralizar uno de los distritos más importantes del país requerirá, sin dudas, de la fuerza que le imprima quien esté a cargo de la jefatura de Gobierno durante los próximos años.