Como si fuese un intercambio de rehenes, la pelea entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por una banca en el formato de 20 miembros del Consejo de la Magistratura tuvo una escalada “en espejo”, en una táctica que había sido anticipada por Ámbito, ayer, tras detectar los movimientos que confirmaron en ambas trincheras. A la decisión de Cristina de Kirchner de partir el bloque en el Senado para obtener la “segunda minoría”, le sucedió el previsible pataleo de Luis Juez que se probaba el traje de consejero, y su amenaza de ir a tribunales para judicializar esa decisión. Pero en simultáneo, Sergio Massa consentía que la integrante de la UCR Roxana Reyes ocupe el placet de Diputados. La maniobra pareció un desmarque pero tenía un doble objetivo: generar que el titular del bloque FdT Germán Martínez tuviera la posibilidad de impugnarla y seguir el mismo camino que iba a seguir el PRO con Juez a la cabeza, y al mismo tiempo, apaciguar a los radicales en cualquier acompañamiento a ese berrinche, desinflando las chances de éxito.
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De regreso a la metáfora de los rehenes, Martínez irá tan lejos como la oposición vaya con Doñate para que al final del camino ambos queden en una posición “simétrica”, en términos judiciales. El objetivo final es que ambos terminen sentados en el Consejo con la presidencia de Horacio Rosatti. No es un acuerdo explícito sino más bien un juego de pinzas para poder negociar en igualdad de condiciones. La primera estación será conseguir la jura de los representantes del Congreso, últimos en la nómina de la Corte para incorporar y dar cumplimiento total a la sentencia. Hasta anoche, no había indicios acerca de cuándo se iba a cumplimentar el “papeleo” previo de rigor que verifica la admisibilidad de los postulantes.
En el río revuelto, el que reapareció por protagonismo fue el abogado Alejandro Fargosi, un exconsejero de la Magistratura que debió ser expulsado por el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires tras votar en un escandaloso concurso que había impulsado el kirchnerismo, mientras simulaba ser opositor. El letrado hizo una presentación electrónica en la Corte aduciendo que Doñate adolecía de uno de los requisitos previstos en la Ley para asumir que eran los 8 años de ejercicio de la profesión de abogado. Tras bucear en su “analítico”, Fargosi determinó que se había recibido en 2015 y que había sacado su matrícula hace 3 años y 9 meses, lo que sería insuficiente. Le exigió a la Corte que lo margine. Citaba parte del articulado de una norma que requería 8 años de ejercicio profesional. Este planteo desató una pequeña discusión en el mundo jurídico para un análisis más minucioso.
Es que según la interpretación, ese requisito no está más dentro del plexo normativo. El artículo 5° de la Ley 26.855 -dentro del paquete de “democratización de la justicia” que modificó el artículo 4° de la Ley 24.937 -la que restituyó la Corte- nunca fue declarada inconstitucional por el máximo Tribunal. Ello no ocurrió en el fallo “Rizzo” que pulverizó la elección “popular” de consejeros de la Magistratura que tuvo fallo supremo, ni tampoco había sido objeto del pleito que resolvió la Corte en diciembre de 2021, a raíz del pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Podría decirse que ahora, el máximo Tribunal declaró la invalidez de la Ley 26.080 de 2006. Los requisitos para integrar el Consejo quedarían así establecidos desde 2013 con mayor flexibilidad. Es más, la causa “Fargosi” que perseguía ese mismo criterio, jamás alcanzó un fallo de Corte. Perlita: cuando Graciela Camaño fue designada para el último consejo tampoco contaba con 8 años, sino con 7. Ese precedente desaira a Fargosi.
A la mañana, Juez cumplió su amenaza y acudió a los tribunales federales de Comodoro Py para radicar una denuncia contra Cristina de Kirchner que vehiculizó a través del fiscal federal Guillermo Marijuan. No quedó claro por qué ocurrió directamente a esa dependencia pero el fiscal inmediatamente envió a sorteo la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de poder contra la presidenta del Senado, expediente que recayó en el juez Luis Rodríguez, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa. En otra banda, el cordobés acudió al fuero Contencioso Administrativo Federal y en el juzgado de Santiago Carrillo buscó impugnar la designación formal de Doñate en el Consejo.
Martínez partió raudo con el mismo destino y la impugnación del kirchnerismo contra la decisión de Massa de nominar a Reyes terminó radicada en otro juzgado Contencioso a cargo de Martín Cormick.
Allí sí quedaron –al menos en lo administrativo- en idénticas condiciones. Es el escenario propicio para el “intercambio” de los rehenes, mientras de reojo miran a la Corte para la luz verde imprescindible que les permitirá sentarse en el Consejo.
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