La Corte Suprema le puso vértigo al Congreso en la búsqueda de destrabar la integración del Consejo de la Magistratura y a través de una acordada dispuso tomarle juramento al lote de Diputados que habían sido originalmente designados a propuesta de los bloques por Cecilia Moreau. Pero en el camino, consideró inválida la revocatoria que la misma presidenta de Diputados hizo de su propia resolución cuando la radical Roxana Reyes fue impugnada por su período anterior en una causa iniciada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal por el jefe de bloque del Frente de Todos Germán Martínez. Se inaugura otro capítulo del enfrentamiento entre el oficialismo y el máximo Tribunal que toma activa participación para evitar que se freeze todo el estamento legislativo ante el órgano de selección y remoción de jueces. Los representantes del Senado siguen en un limbo y con un per saltum por resolver ante la insistencia del kirchnerismo de nominar a Martín Doñate luego del fallo que consideró un ardid la partición del bloque oficialista de senadores.
Magistratura: Corte apura al Congreso y le destraba jura a Diputados para el Consejo
Por Acordada, decidió anular la revocatoria de Moreau de su propia propuesta cuando se judicializó el caso Reyes. Dijo que no respetó el procedimiento de consulta a los bloques para adoptarla. Validados Siley, Tailhade, González y Reyes.
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Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (Ricardo Lorenzetti no firma por considerar que no se debió volver a implementar el formato de 20 miembros y desde entonces no interviene en los fallos que se derivan de esa decisión del 16 de diciembre de 2021), la acordada significa una nueva escalada de la discusión interpoderes que tiene como epicentro el Consejo. La decisión indica “ordenar el cumplimiento de lo dispuesto en la Acordada 31/2002 que dispuso que el señor presidente del Tribunal reciba a los consejeros y consejeras Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Reyes el juramento de ley para su incorporación al Consejo”, apuntó la Acordada de cuatro carillas.
La Corte estaba a punto de fijar fecha para la jura –antes del vencimiento de los mandatos- hasta que el juez Martín Cormick consideró –casi en espejo con lo que había pasado en Senadores- que la UCR y el PRO no podían aparecer divididos porque formaban un interbloque, de manera que no podían tener la primera minoría y la segunda a la vez, de acuerdo a los parámetros de la ley en vigencia. Esta movida dejó confundido al kirchnerismo porque no terminaba de ser un fallo favorable, primero porque se inmiscuía también en las atribuciones de las Cámaras para organizarse, uno de los argumentos con los que fustigaron el fallo de la Corte que pulverizó la designación de transición de Doñate.
Por esto, decidió apelar a la Cámara Contencioso, a través de la presidencia de la Cámara, lo que implicaba defender la designación de Reyes. Pero en simultáneo, Moreau revocó su resolución destinada a remitir el lote de los otros tres diputados, dos oficialistas y un opositor. En ese limbo quedó enredada la Cámara, lo que traía como consecuencia que no se integre –ya sea porque la Corte no le tomaba juramento por judicializado como por el fallo en contra- todo el estamento político para el Consejo. El trasfondo de esta acordada es enviar un mensaje para forzar al Congreso a destrabar. No hay duda que será leído como un nuevo giro en el enfrentamiento porque solo considera válido el primer mensaje de Moreau e ignora el segundo.
La clave está en el considerando 5 donde los jueces expresan que la propuesta inicial fue realizada tras cumplir el procedimiento de propuesta de los bloques para designar a los futuros consejeros y los remitió al Consejo y a la Corte para que juren. “Esta conclusión no puede verse alterada por la posterior resolución”, indicaron, “en tanto fue dictada sin cumplir con el procedimiento establecido en el citado artículo 2, inciso 3 de la ley 24.937”.
No fijó fecha específica para la jura pero alentó la integración del Consejo cuando todo indicaba que no habría movimientos hasta fin de año. El caso del Senado, tiene una decisión pendiente desde el mismo tribunal. En tanto, en las causas cruzadas donde la oposición denunció incumplimiento de los deberes a las autoridades del Senado por haber insistido con Doñate, el fiscal Federico Delgado dictaminó que no existía ningún delito penal, aunque se visualizaba que el Senado no había acatado los parámetros que la Corte había fijado para considerar legales las designaciones.
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