Corte bonaerense suspendió ley para endurecer excarcelaciones

La Suprema Corte bonaerense suspendió este miércoles la aplicación de una ley que había impulsado el Gobierno provincial, por la cual se endurecían las condiciones para que los jueces otorgaran excarcelaciones.

El alto tribunal dictó en las últimas horas una medida cautelar a partir de un reclamo planteado por organismos de derechos humanos, que consideraron inconstitucional la reforma que impide a los magistrados excarcelar a quienes sean imputados de delitos con portación de armas.

La Corte hizo lugar al planteo, aunque no avanzó sobre la cuestión de fondo, es decir, acerca de la inconstitucionalidad del artículo incorporado al Código Procesal bonaerense.

A partir de la vigencia de la reforma, se limitaron las excarcelaciones en tres casos: cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos que los imputados estén gozando ya de una excarcelación anterior.

El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, impulsaron la reforma con el argumento de que en los últimos años aumentaron notablemente los delitos con uso de armas y, en ese contexto, lograron -luego de no poca resistencia del kirchnerismo- que fuera aprobada por la Legislatura.

Pero organismos de derechos humanos y defensores públicos de la provincia de Buenos Aires plantearon la inconstitucionalidad de la reforma y pidieron el dictado de una medida cautelar para frenar su aplicación.

La presentación fue impulsada por la Comisión por la Memoria, el CELS, el CIAJ, CEPOC y defensores públicos de la Provincia como Julián Axat y María Fernanda Mestrín, quienes cuestionaron los cambios propuestos por Scioli por considerar que violan la Constitución Provincial y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables porque eso implica atribuirse funciones judiciales", denunciaron.

Y destacaron en su demanda la preocupación que genera el impacto que esa reforma procesal "tendría en el nivel de población carcelaria" y "sobre el ámbito de libertades públicas de niños y adolescentes eventualmente procesados".

En su resolución, el alto tribunal bonaerense justificó la medida cautelar dictada por considerar que las disposiciones de la reforma "prima facie, resultan contrarias a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales de rango constitucional".

Pero el Gobierno bonaerense salió a defender la reforma y anticipó que buscará que la Corte se pronuncie rápidamente sobre la constitucionalidad de la ley.

"Respetando la independencia de los poderes y la potestad que tiene la Suprema Corte, vamos a notificarnos rápidamente de la demanda para que la Corte se pronuncie como sentencia final, esta es una medida cautelar que suspende la aplicación de una ley que ha sido votada por la Legislatura", indicó el ministro Casal.

En ese sentido, el funcionario señaló que la norma "no ha podido entrar en funcionamiento y que responde sin duda al enorme reclamo social de poder desarmar a los delincuentes", porque -sostuvo- "la propia Corte lo ha informado en sus estadísticas: en la Provincia creció el delito de robo con armas un 21 por ciento", y la ley "era una herramienta legal para resolver esto".