Escenarios del poroteo por ley del Consejo: seducir a opositores, consensos internos o "el caos"

Convocatoria a extraordinarias disparó especulaciones: enroque de proyectos con sector de la UCR o atracción de PJ díscolos. JxC busca unificar postura. CPACF y FACA en guerra, jueces en semana clave. Académicos también pulsean. El riesgo de trabarse antes del 16-A.

Carla Carrizo, Jorge Rizzo y Diego Molea.

Apenas anunciado su inclusión en sesiones extraordinarias del Congreso, el proyecto de ley para el diseño de un nuevo formato para el Consejo de la Magistratura comenzó a tener conversaciones subterráneas entre operadores judiciales y políticos. El objetivo era trazar una estrategia legislativa que consiga seducir, aunque sea, a una porción de la oposición cuando llegue a la Cámara de Diputados, previo su ingreso por el Senado que será el primer movimiento.

Si bien el Gobierno presentó su proyecto –con una integración de 17 miembros- y que fuera anunciada para conjurar el fallo de inconstitucionalidad de la actual conformación por parte de la Corte Suprema, el escenario está abierto a cambios que le aseguren viabilidad en su tratamiento. Esto implica considerar otras opciones que están sobre la mesa. La segunda opción –no menos posible- es que las extraordinarias transcurran sin apoyos suficientes para debatir el proyecto del oficialismo (u otro) y el 16 de abril el Consejo ingrese en un temido “shutdown”, anulado para actuar por lo prescripto en la sentencia del máximo Tribunal. Ese segundo escenario representa el caos pero por ser una posibilidad latente, ingresa en el cálculo.

Las primeras conversaciones incluyeron a figuras del oficialismo y también al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. El Gobierno apuesta a defender su proyecto que pasa de 13 a 17 miembros cediendo un juez más, dos abogados y un académico. Juntos por el Cambio está tratando de unificar criterios de cara a varios proyectos que presentaron referentes como Pablo Tonelli o el radical Mario Negri. También existe una propuesta diseñada por el larretista Diego Marías.

Hay proyectos presentados en el Senado: por un lado el de los radicales Alfredo Cornejo y Mariana Juri y por el otro el de la jujeña de la UCR, Silvia Giacoppo. Oscilan en la integración total -entre 14 y 20 miembros- y en su mayoría tienen a la “Corte adentro” o excluyen al representante del Ejecutivo, y siempre suman jueces y abogados, según qué formato. La oposición busca consensuar una propuesta unificada de cara al debate en febrero.

Sin embargo, el Gobierno sabe que deberá buscar votos opositores en Diputados. Allí podría comenzar un operativo de seducción que incluya un enroque de proyectos o la garantía de una cláusula transitoria que permita reelegir a los consejeros para intentar lograr apoyos de, por ejemplo, la cada vez más desequilibrante diputada Graciela Camaño cuyo bloque podría aportar los votos faltantes.

Tapado

Por eso también vale la pena registrar el proyecto de reforma del Consejo presentado por la diputada Carla Carrizo en 2021. La propuesta es a 19 miembros con paridad de género. Totaliza 4 jueces, 8 legisladores (6 por Diputados -3-2 y 1 según mayorías- y 2 por Senado), 4 abogados (dos del Interior y dos Capital), 1 representante del Ejecutivo, 2 académicos profesores de Derecho elegidos por el CIN. Lo atractivo del enroque sería atraer al bloque que lidera Martín Lousteau con la bancada de 12 radicales díscolos comandados por Rodrigo de Loredo y Emiliano Yacobitti. Esa iniciativa que había quedado solapada en el inventario de proyectos que apuntaban al Consejo tiene el activo que no surgió al calor del fallo de la Corte como el resto y que fue presentado por un sector de la oposición. Son los primeros poroteos que aparecen de cara a las extraordinarias.

Fricción

La Corte decretó 120 días para la aprobación de una nueva ley que respete el criterio de “equilibrio” entre los estamentos sancionada por el Congreso o bien el restablecimiento de la conformación de 20 miembros, previa a la sanción de la ley tachada de inconstitucional hace ya 15 años.

Ninguna de las dos opciones son automáticas. Si bien el Consejo avanzó en la reglamentación de las elecciones transitorias (se renuevan los mandatos en diciembre de todos los estamentos) de jueces, abogados y académicos, surgen interrogantes. El primero: ¿se pondrán de acuerdo la FACA y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para realizar elecciones en conjunto fijando un corte del numeroso padrón de matriculados en todo el país antes del 6 de abril?

La respuesta no es sencilla y es, por lejos, el estamento que está más friccionado. La FACA fijó unilateralmente fecha de elecciones para el 5 de abril. Pero el viernes pasado, el CPACF denunció ante el Consejo “flagrantes irregularidades e incumplimiento del reglamento” y alertó por “gravedad institucional”, por lo que podría judicializar la controversia.

Los jueces están un poco mejor. También tienen definido su reglamento, con un pequeño margen antes de la fecha tope, para que se realicen las elecciones donde se enfrentarán –sobre todo- la lista Bordó con la Celeste que tuvieron una muy reñida elección para autoridades de la Asociación de Magistrados. Esta semana deberían darse a conocer las candidaturas para una sola plaza vacante, en este caso. Será una jueza de primera instancia de la justicia nacional (ya hay tres jueces varones federales y dos de ellos son camaristas) y su origen, por una cuestión matemática, radique en el fuero civil, comercial o laboral. Es el padrón más numeroso en el cual abrevar votos.

¿Demanda?

En el caso de los académicos surgieron fricciones. Un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la UBA solicitaron al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que convoque a elecciones para la segunda plaza que acompañará a Diego Molea.

El 17 de enero, tres profesores solicitaron que la convocatoria tenga como beneficiaria a una profesora “regular titular de cátedra por concurso público”. Sostuvieron que de otro modo, el CIN estaría empujando a la parálisis del Consejo. Porque esa es otra chance: si cada estamento no elige a su representante para el formato de 20, por más que el presidente de la Corte Horacio Rosatti “baje” a la cabecera del Consejo para formalizar el cambio, no estarían dadas las condiciones para que funcione bajo esa conformación tampoco. Ergo, no puede funcionar. Acusando recibo de esa presentación, desde el CIN, no la consideran aplicable. Contestan con la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior, también conocida como Ley Puiggrós, sancionada en 2015.

Esa norma ratifica la autonomía de cada institución para adoptar con los profesores el régimen que considere adecuado lo que genera que en cada universidad sea distinto y termina delegando en los rectores que integran el CIN. Dato interesante: la presentación firmada por los profesores incluye a Alejandra Lazzaro, quien aparecía como una de las candidatas más fuertes por el lado de la UCR para quedarse con la vacante en la Cámara Nacional Electoral que finalmente terminó ocupando el juez Raúl Bejas. La CNE es la máxima autoridad en términos electorales y es el fuero que podría recibir las demandas entabladas contra estas mismas elecciones estamentarias. Lazzaro es secretaria de la Cámara.

No hay ni noticias acerca de cómo el Congreso -Diputados y Senadores- completarían las dos plazas vacantes para la “segunda minoría” que estaba en el precedente que recobró vigor tras el fallo de la Corte. Es que en el camino cambió la división de bloques. Desde 2015 que se validaron los interbloques de las principales alianzas de lo que era Cambiemos (Ahora JxC) y del peronismo (Ahora FdT). No hay pistas de cómo se elegirán de cara al 16-A.