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"El gobierno nacional ha asumido el compromiso irrenunciable de promover las complejas investigaciones subsistentes" tendientes a "restituir su verdadera identidad a las víctimas" de la sustracción de identidad durante el gobierno militar, señaló el decreto 715/2004 difundido hoy en el Boletín Oficial.
La conformación de esta Unidad Especial de Investigación había sido anunciada ayer en la Casa de Gobierno, tras un encuentro que representantes de organizaciones de derechos humanos habían mantenido con el presidente Néstor Kirchner y con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
La flamante unidad, de acuerdo con lo informado ayer, será encabezada por Ramón Torres Molina, ex diputado nacional y abogado de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
De acuerdo con lo establecido por la norma, la Unidad Especial tendrá como objetivo "garantizar el máximo apoyo operativo" a la tarea realizada por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y los jueces y fiscales intervinientes en las distintas causas referidas a la sustracción de identidad de menores.
Además, prevé que esta unidad "coordinará la acción de las distintas fuerzas de seguridad y organismos dependientes del Estado Nacional en la satisfacción de los requerimientos que se formulen, tendientes a la restitución de su identidad a las víctimas, al total esclarecimiento de los hechos criminales y a la individualización y juzgamiento de los responsables".
Según precisó ayer el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en conferencia de prensa tras el encuentro que organismos de derechos humanos mantuvieron con Kirchner, se estima que los jóvenes que aún no recuperaron su identidad suman 500.
La Unidad Especial "tiene facultades amplias para requerir de todos los órganos del Estado la información necesaria y la remisión de toda documentación obrante en sus ámbitos", detalló Duhalde en el marco de una conferencia de prensa.
A su turno, el director ejecutivo de esta unidad, Torres Molina, destacó que con esta decisión "el Estado asume la responsabilidad que le compete para tratar de solucionar este grave problema".
"El Estado de alguna manera, en diferentes épocas, ha colaborado con la labor de Abuelas que ya restableció la identidad a 77 jóvenes a través de la CONADI y el banco de datos genéticos, pero ahora se produce una modificación sustancial en esta política con este compromiso del Estado", enfatizó Torres Molina.
La CONADI abrió, desde su creación en noviembre de 1992, 914 legajos de jóvenes que tenían dudas sobre su identidad y que nacieron durante el período del gobierno militar y, de éstos, 11 resultaron ser hijos de desaparecidos, hasta el momento, según precisó la titular de la Comisión, Claudia Carlotto.
En tanto, cerca de 180 casos se resolvieron y si bien no eran hijos de desaparecidos se encontró su origen biológico y en muchos casos están con sus familias de origen.
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