12 de septiembre 2008 - 00:00

Cristina: "Igual viajo a Nueva York"

A primera hora de ayer, siempre después de leer los diarios, nunca antes, Cristina de Kirchner citó a su despacho a Jorge Taiana y a Sergio Massa para decidir la primera respuesta a las revelaciones incómodas de la Justicia de Miami que juzga a los encubridores presuntos del valijero bolivariano. El método fue el de siempre: andanada de respuestas de todos los funcionarios e internación desde hoy del matrimonio en El Calafate hasta que amaine. Es la recomendación tópica de los asesores de imagen (Dick Morris el primero): mantenerse lejos de los problemas.

El canciller quedó responsabilizado de la andanada principal, decir que las relaciones con los EE.UU. se perjudican, una manera elemental de forzar, como ocurrió, a que el embajador de ese país dijese que la Justicia en su país es independiente. Obviamente, los dos ministros le preguntaron a la Presidente si se mantenía el viaje a Nueva York del 22 de setiembre. «El viaje se hace, no se suspende», respondió. Instruyó, sin embargo, que se reduzca la comitiva. Mucha gente alimenta las posibilidades de filtraciones que es mejor evitar con este conflicto en carne viva. No irán legisladores, como siempre, sólo un puñado de gobernadores. Agregó que la partida es el sábado 20, consintiendo que es inoportuna la escala previa que el matrimonio tenía pensado hacer en Caracas por unas horas.

La rabieta la completó con una serie de llamados que terminaron en el embajador en Washington, Héctor Timerman, con la orden de hacer una protesta lo más fuerte que éste imaginase ante la Casa Blanca. «Se pasaron de la raya, y no lo vamos a dejar así», fue el mensaje a transmitir.

El diplomático logró que por la tarde lo atendiese Thomas Shannon (secretario de Asuntos Hemisféricos para América Latina) para escuchar la queja: «La Argentina entiende que ésta es una operación política del gobierno de los Estados Unidos que perjudica gravemente las relaciones con nuestro país». Shannon respondió lo que siempre le dijo a la Presidente: «Esta es una investigación de la Justicia y cuando el juicio termine se va a entender que la Argentina no es parte de esta investigación. La única relación que existe con su país es que esa valija apareció en la Argentina».

Timerman: «No podemos esperar a que termine el juicio. Para mi gobierno, los fiscales que acusan dependen del Departamento de Justicia y del gobierno tanto como el Departamento de Estado».

Y agregó: «El abogado Ledesma, que es un crítico de mi gobierno, ha negado que en esas grabaciones se implicase en algo al gobierno argentino».

A esa hora ya giraba el comunicado de Taiana en los mismos términos y voceaba sus argumentos el grupo de respuesta rápida del oficialismo para estas emergencias (Massa, Aníbal Fernández, Miguel Pichetto, Florencio Randazzo, etc.) A todos les dijo Cristina de Kirchner que la respuesta de la Argentina irá en escalada y que puede ser tema en sus presentaciones ante anfitriones que la esperan en Nueva York para la tercera semana de setiembre.

Pero va a tener que entregar algo más que gacetillas y declaraciones el gobierno para responder a las acusaciones que hacen los acusados en el juicio del valijero bolivariano. Hace más de un año que sabía que las peripecias de los funcionarios argentinos iban a ser expuestas en el juicio, por más que los acusados y testigos -como ironizó ayer el abogado Guillermo Ledesma- «declaran con grilletes», y se presume que van a decir todo lo que los aleje del calabozo. Pero el gobierno no hizo nada para responder, no ya a las denuncias que se escuchan en Miami, sino al público y la oposición que ven cómo consiente con el silencio o los tonos altos de voz que algo falta por contar sobre esta novela en la que el gobierno es el acusado, por más que intente ponerse como acusador.

No lo hizo ni aun cuando la trama del financiamiento de las campañas mostró otro costado obsceno al revelarse que presuntos socios de narcotraficantes habían pagado gastos de la fórmula presidencial Cristina-Cobos, otra advertencia sobre el método del silencio y la gacetilla ante acusaciones que el público tiene derecho que le expliquen.

Tampoco ha rodado ninguna cabeza, seguramente porque esos aportes del área saludable del empresariado tocan la médula de la sociedad del poder peronista con los caciques sindicales. Los jueces actúan sobre los poderosos cuando éstos comienzan a perder el poder, aquí y en todo el mundo (lo demostró la tangente italiana, que volteó un sistema político que había perdido sus padrinos políticos).

Hasta ahora el gobierno contó con un sistema judicial que dictó la falta de mérito sobre Claudio Uberti, señalado ahora como quien pidió a uno de los viajeros del avión negro que llevase la valija con la plata para la campaña oficialista. Hoy habrá sentencia en Miami sobre algunos acusados de pedirle a Guido Antonini Wilson que se callase la boca. Si en el dictamen del juez en esas sentencias negociadas a cambio de admitir culpabilidad queda por escrito que esos dineros venían de Caracas con destino político a Buenos Aires, la historia puede ser otra. Ya ocurrió antes en Colombia, cuando un presidente en ejercicio perdió la visa para ingresar a los Estados Unidos. Dramático que ocurriera algo parecido para un gobierno que se ha convertido, en los hechos, aunque no lo admita en el discurso, en uno de los mejores amigos de las iniciativas de ese país en la región.

Con el gesto, el gobierno acentúa la personalización del Estado en quienes ejercen el poder de manera circunstancial: la Presidente y los funcionarios reaccionan ante las noticias como los acusados en un juicio, cuando los mandatarios lo son del conjunto y no de su suerte personal.

Por eso se entiende que un acusado guarde silencio ante fiscales y acusadores (es un recurso legítimo para defenderse); no es lo más prudente para un gobierno que debe algo más que un contraataque ingenioso.

Ensaya también el gobierno la aplicación de su política más vieja respecto de la Justicia global. Néstor Kirchner basó su política de derechos humanos, más allá de las convicciones, en que nunca más quería, cuando viajara por el mundo, que lo recibieran con pedidos de extradición de militares represores. Por eso promovió los juicios en el país. Ahora reclama el gobierno -negando también cualquier tentáculo de la Justicia global que él justifica en otros casos- que el caso de la valija se juzgue en la Argentina, que Antonini venga a decir aquí lo que tiene que decir. A lo mejor le conviene para seguir la suerte del exculpado Uberti.

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