Sus abogados pidieron suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos y buscan que el Comité de Derechos Humanos examine el planteo en octubre.
Cristina Kirchner presentó ante la ONU una petición para revisar su condena de prisión domiciliaria.
La expresidenta Cristina Kirchner presentó este martes un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se revise su condena en la causa Vialidad. Su defensa denunció violaciones de derechos fundamentales y solicitó suspender la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
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La estrategia está a cargo de los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. La condena a seis años de prisión, que Kirchner cumple bajo arresto domiciliario, quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la defensa y confirmara por unanimidad la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.
En una adenda presentada ante el organismo, los letrados detallaron tres hechos que consideran relevantes para el reclamo: presuntos actos de intimidación, nuevos elementos sobre el destino de los recursos del fideicomiso vial y la difusión de imágenes privadas de la expresidenta.
La defensa apunta a que el planteo sea examinado durante la próxima sesión del Comité. "Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité", confirmó Valim a Reuters.
"Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité", agregó el abogado brasileño, quien también integró el equipo que impulsó la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante ese organismo internacional.
El Comité tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes. Su función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. Sus pronunciamientos no son vinculantes, aunque pueden tener impacto político e institucional y ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.
Valim expresó su confianza en que el organismo respalde el reclamo: "Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo".
Uno de los ejes de la presentación es un informe contable y auditor de Specs Consultoría, cuyos resultados Beraldi había expuesto en una conferencia de prensa en septiembre. La defensa sostiene que sus conclusiones contradicen una de las premisas de la condena.
El planteo se concentra en los recursos del fideicomiso vial SISVIAL, identificado como Fuente 14, y en el Decreto 54/2009, firmado por la entonces presidenta. Según la adenda, la sentencia sostuvo que esa norma permitió utilizar fondos para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez.
Los abogados señalaron que durante el proceso habían solicitado pruebas sobre el destino efectivo de esos recursos, pero que su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales.
De acuerdo con la presentación, en agosto de 2026, un funcionario auditor convocado por la Fiscalía en la causa Cuadernos aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó la pericia a Specs.
Según el informe, solo 17 de las 51 obras de la causa Vialidad fueron financiadas con esa fuente. De los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras.
Además, de aproximadamente u$s2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió u$s18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total. La adenda sostiene que Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias y que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., vinculada a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
"El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos. Y dice que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez", había explicado Beraldi.
"Cuando vimos eso, iniciamos una investigación. Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso", sostuvo el abogado.
La adenda también denunció actos de intimidación posteriores a que se hiciera pública la presentación ante la ONU. Entre ellos, mencionó declaraciones de jueces que intervinieron en Vialidad, el avance sobre los bienes de Kirchner -incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria- y publicaciones del presidente Javier Milei en su contra.
Para los abogados, esas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por la Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a presentar comunicaciones individuales ante el Comité.
La defensa cuestionó, además, la difusión de un video del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de Recoleta, en el que aparecen espacios privados, el dormitorio y efectos personales de la expresidenta.
Según la presentación, la publicación de esas imágenes constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada, protegido por el artículo 17 del Pacto. El documento recordó que frente a ese domicilio Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022.
Sobre esa base, los letrados reiteraron el pedido de suspensión de la inhabilitación política perpetua hasta que el Comité emita su dictamen sobre el fondo. Sostuvieron que esa sanción representa una forma inadmisible de "muerte civil", resulta desproporcionada y ocasiona graves perjuicios a Kirchner y a la democracia argentina.
De manera subsidiaria, solicitaron que, si el organismo considera que no corresponde suspender la pena accesoria mientras se mantiene la principal, también se suspenda la pena de seis años de privación de libertad hasta que se resuelva el reclamo.
En paralelo, la defensa prevé llevar las pruebas a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión. Beraldi aseguró que "con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia". El objetivo final, expresó, es "que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política".