• Tal como lo impone la Constitución porteña, a partir de la votación de la Sala Acusadora, Ibarra quedó suspendido en sus funciones.
• La Sala Juzgadora, que integra el resto de la Legislatura, debía en un plazo de cuatro meses a partir de la suspensión del jefe de Gobierno, emitir su resolución.
• La Sala Juzgadora, para destituir a Ibarra, requiere reunir dos tercios de sus miembros, 10 legisladores, y puede inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por 10 años.
• El 17 de enero comenzaron las audiencias por las que pasaron cientos de testigos propuestos por la defensa y por los fiscales.
• Anteriormente, la Legislatura constituyó una comisión especial para investigar las actuaciones del gobierno porteño y concluyó con un dictamen de mayoría firmado por la oposición (macrismo e izquierda) y otro de minoría (ARI) aconsejando la apertura del juicio político. Dos kirchneristas firmaron por la absolución y otro lo hizo por la abstención.
• El 28 del mes pasado, en sus alegatos los fiscales pidieron la destitución de Ibarra y que lo inhabiliten por 10 años para ejercer cargos públicos. La defensa pidió la absolución.
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