Fernando de la Rúa fue procesado ayer por el juez Claudio Bonadío, quien lo imputó por presunto homicidio culposo de cinco manifestantes de los cientos que salieran a reclamar a Plaza de Mayo durante diciembre de 2001, previo a su renuncia. Bonadío trabó además un embargo de dos millones de pesos en los bienes del ex presidente.
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De la Rúa -quien contaba con una «falta de mérito» y el viernes pasado había ampliado su indagatoria- atribuyó la hipótesis de un «complot en su contra» como generadora de los episodios ocurridos aquella vez.
El juez afirmó asimismo que el ex aliancista «no usó las herramientas que tenía a su mano para evitar los gravísimos episodios» y sostuvo en ese sentido que «no podía ignorar de ninguna manera lo que estaba sucediendo en las adyacencias de la Casa Rosada».
Al ampliar su indagatoria, De la Rúa recordó que el dictado del estado de sitio (por este hecho Bonadío ya lo había sobreseído de la imputación de presunto «abuso de autoridad») había sido pedido por varios gobernadores, entre ellos el ex mandatario bonaerense Carlos Ruckauf «desbordado por los hechos por él mismo desatados», aludiendo a los saqueos ocurridos por esos días.
El viernes pasado el ex presidente había criticado a la jueza original del caso, María Servini de Cubría, por «haber sido ella la que dispuso desalojar la Plaza de Mayo hasta detrás de la Pirámide ubicada en el centro de ese paseo».
La jueza electoral se había excusado del caso meses atrás, luego de haber llevado la investigación por casi cinco años.
Nulidad
Sobre ese aspecto la defensa del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos efectuó hace dos semanas un planteo de nulidad acerca de todo lo actuado por Servini de Cubría, al considerar que fue «parte de los hechos y no un investigador imparcial, por haber dado órdenes al personal policial sobre la forma en que debían actuar con los manifestantes».
En tanto, el juez federal procesó además al ex vicejefe de la Policía Federal Osvaldo Cannizzaro (Santos ya estaba procesado) al ex comisario de la Seccional 6ta. Daniel Manzini, por los presuntos delitos, junto a los titulares de las circunscripciones primera, segunda y séptima de la Federal en ese entonces, comisarios Próspero Treseguet, René Jesús Derecho y Alfredo Salomón, respectivamente.
De confirmarse los procesamientos dictados por Bonadío, el ex presidente y los otros cinco jefes policiales irán a juicio oral ante el Tribunal Federal 3.
A todos ellos se les imputan al igual que a De la Rúa, los homicidios culposos de Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto -ocurridos en inmediaciones de Plaza de Mayo, Plaza de la República- y más de un centenar de heridos en esos episodios.
Este procesamiento crea un antecedente para otros casos que puede comprometer seriamente a ex mandatarios. Entre ellos, Eduardo Duhalde o Felipe Solá, bajo cuya administración fueron muertos los jóvenes Kosteki y Santillán. O el propio Néstor Kirchner o Sergio Acevedo, mandatarios cuando murió el policía Sayago en Santa Cruz.
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