Tuvo lugar en el pabellón 7 del centro penitenciario, el 14 de marzo de 1978. Ese día, 64 presos murieron en un incendio durante la represión de los guardias.
El reconocimiento como delito de lesa humanidad del asesinato de 64 presos en la denominada Masacre del Pabellón 7 de la cárcel de Villa Devoto en 1978, en un contexto de dictadura, amplía el espectro de los crímenes cometidos por fuerzas militares, en este caso contra civiles indefensos que compartían espacio con prisioneros políticos.
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Veintitrés años después de aquel trágico episodio, el por entonces juez federal Gabriel Cavallo abría las puertas al juzgamiento de los militares y miembros de grupos de tareas que actuaron durante la represión, en la dictadura iniciada en marzo de 1976 hasta 1983.
Cavallo dictó en marzo de 2001 la nulidad de las leyes obediencia debida y punto final, pero fundamentalmente hizo propio el reclamo del CELS y consideró aquellos crímenes como delitos de lesa humanidad, que, por lo tanto, eran imprescriptibles para su juzgamiento.
Distintas investigaciones, como la llevada a cabo por Elias Neuman acerca de la masacre del Pabellón 7 por parte del Servicio Penitenciario Federal, coincidían en reclamar el reconocimiento como delito de lesa humanidad de aquel suceso, que intentó cubrirse como un episodio de fuga con quema de colchones inclinando las culpas en las victimas.
El fallo que reflota aquella causa, basado en el voto del camarista Eduardo Freiler, muestra a las claras que algunos protagonistas, como el fallecido represor Guillermo Suarez Mason, tuvieron responsabilidad directa con la masacre de Devoto.
Como en la investigación periodística llevada a cabo Rodolfo Walsh, que dio origen a su célebre Operación Masacre, los testimonios de sobreviviente -incluidas presas políticas que se encontraban en un pabellón cercano- permitieron reconstruir y desmentir la versión oficial de los hechos.
No sólo decenas de presos murieron por asfixia sino que, además, varios de ellos presentaban heridas de metralla.
Los juicios llevados cabo hasta el momento tienen vinculación directa con violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión, tanto en lo vinculado con el secuestro y asesinato de miembros de las organizaciones "subversivas", como el secuestro de sus hijos.
El juzgamiento como delito de lesa humanidad de la Masacre del Pabellón 7 amplía una vez más aquel espectro, en vísperas de un nuevo impulso para que se contemplen las responsabilidades civiles y económicas del régimen.
La posibilidad de la búsqueda de una verdad histórica, que desplace la cadena de encubrimientos instalada hace 36 años, es ahora un desafío que la Justicia tiene en sus manos.
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