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Ambas decisiones, adoptadas con la ausencia del sector más oficialista del bloque de senadores de la Alianza, colocó a Entre Ríos casi al borde de un conflicto de poderes debido a que, para que se hagan efectivas ambas declaraciones deben ser promulgadas por el Poder Ejecutivo, lo que se considera casi imposible.
El contexto de abierta oposición al primer mandatario evidenciado desde sectores del propio oficialismo dan casi por seguro que el gobernador Sergio Montiel vetará ambas iniciativas, para lo cual tiene un plazo de 10 días.
Si esta posibilidad se concreta y la Asamblea Legislativa ratifica las leyes, se estaría ante un conflicto de poderes que deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia.
Pero, para ese entonces, los 198 millones de bonos federales que el decreto 1.836 autorizó emitir ya estarán en la calle, según las estimaciones recogidas hoy en esferas oficiales.
La derogación de la ley 9.235, que dejó fuera del Estado el último día de diciembre de 1999 a casi 4.000 contratados por la gestión del justicialista Jorge Busti, fue ovacionada por militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que presenciaron la sesión.
La derogación de esa ley y del decreto que autorizó la emisión de los bonos se logró con el voto favorable de cinco legisladores de la bancada justicialista, cuatro de la Alianza y dos de sendos bloques unipersonales de la cámara alta.
En cambio, no asistieron a la sesión los radicales Pedro Moix, Juan Carlos Arralde, Juan Carlos Luchessi, Hugo Lesca y Diego France, encolumnados tras la figura del gobernador Montiel.
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