Dedican seminario a presionar sobre el Congreso y la Corte

Jorge Argüello

No hay visos de que la Argentina cambie su postura de consentir el reclamo de Estados Unidos de otorgar inmunidad total a sus tropas. Quien se puso el traje (prestado, claro) de «canciller» para pronunciarse en tan categóricos términos fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Jorge Argüello. La excusa para abordar el tema fue el Seminario «La Corte Penal Internacional: desafío de una Justicia sin fronteras». Desde allí se reclamó abiertamente que la Corte Suprema de Justicia acelere una definición sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a 20 años del juicio a los militares. Un panel que tuvo muchos oradores de una única línea de pensamiento, provenientes de Brasil, Colombia, Chile, Alemania, Francia, España y los Países Bajos. Los organizadores aseguran que los norteamericanos fueron invitados, pero que no aceptaron el convite.

A esa presión sobre la Corte se sumó la presión sobre el Congreso para que rechace cualquier pedido de inmunidades a las tropas que vienen al país a hacer maniobras.

La administración Bush ha venido insistiendo en acordar con la Argentina un mecanismo que les permita a sus tropas ingresar al territorio sin correr el riego de que sus militares terminen siendo juzgados por la Justicia local o queden a merced de la Corte Penal Internacional (CPI). Así sucede en otros países, muchos de ellos europeos, donde se realizan ejercicios militares conjuntos y en los que se han firmado acuerdos bilaterales que no la sujetan a la jurisdicción de la CPI.

Hace 15 días hubo una reunión entre el secretario de Estado adjunto para el control de armamentos, Stephen Rademaker, el embajador Lino Gutiérrez y legisladores de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de ambas Cámaras. Estaban Jorge Villaverde, la senadora Marita Perceval , el misionero Ramón Puerta y Argüello. En ese cónclave, Estados Unidos insistió en reclamar la inmunidad total para sus tropas.

• Cerrada oposición

Ayer, Argüello utilizó como tribunal el seminario, para resaltar que ningún acuerdo entre estados, previo al tratado de Roma, «puede desconocer o marginar las normas establecidas por la Corte Penal Internacional, al exigir inmunidad para sus actores». Lo hizo flanqueado por un panel de expositores integrados por Jorge Torlasco, miembro del tribunal que juzgó a las Juntas Militares; el embajador Jorge Taiana, secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería; Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional.

El Congreso sancionó el año pasado una ley que reglamentó las facultades extraordinarias sobre el ingreso y egreso de tropas al país. En rigor, se trata de una norma deliberadamente confusa que establece que año a año el gobierno a través de Defensa y Cancillería debe pasarles a los legisladores de ambas Cámaras un programa de maniobras, a partir de las cuales se define el tipo de inmunidad que se les otorga a los militares norteamericanos.

Las tropas, bajo el ala del jefe del Pentágono, no gozan de inmunidad total, es decir, penal, civil y administrativa. Sólo de un tipo de inmunidad especial, similar a la que tienen los empleados de las sedes diplomáticas extranjeras en el país. Esta fórmula fue una creación de Taiana, por aplicación del Tratado de Viena que describe que los delitos leves son juzgados en el país de origen y los graves juzgados en el país donde se llevan acabo las maniobras. Esta «doctrina» siempre fue frenada por Rafael Bielsa, celoso de una supuesta afinidad de Taiana con Horacio Verbitsky. Y ahora también por Argüello, quien imagina (o aspira) a ser canciller.

Según Argüello la inmunidad para las tropas extranjeras viola los tratados internacionales, entre los que está el que establece la creación del Tribunal Penal Internacional que juzga los crímenes de guerra y las violaciones a los Derechos Humanos.

Estados Unidos ha mantenido una cerrada oposición a entregar su soberanía jurídica a manos del CPI, y de hecho no integra la lista de los 139 países que firmaron el Estatuto de Roma y que ha sido ratificado por 98, entre ellos la Argentina.

Ese trato no sólo define cuáles son los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, sino que también establece compromisos de los estados parte de prevenir y castigar los delitos y una corte penal internacional para el caso de que no lo haga.

En su exposición, Moreno Ocampo tradujo la idea madre que rige al CPI: «Hace poco, un militar me comentó que su jefe de Ejército lo había enviado a supervisar las maniobras, porque no quería tener ningún conflicto con la Corte Penal».

Es decir, alcanzar la universalidad jurídica, un estatus que los estados nación no pueden tener.

Moreno Ocampo es el fiscal de ese tribunal internacional, y tiene en su poder tres casos: el de Uganda, Congo y el de República de Centroafricana. Precisamente en uno de ellos -el caso de los crímenes que se vienen cometiendo en la región de Darfur, Sudán- se discutieron en la ONU. Estados Unidos propuso evitar la CPI y dar nacimiento a una nueva corte.