El Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, solicitó al Papa Francisco una audiencia para amplicar detalles de la causa "Mendoza" vinculada al saneamiento de la cuenta Matanza-Riachuelo, por la que la Corte Suprema de Justicia dispuso la relocalización de más de 2.000 familias, de quienes la Defensoría asumió la representación judicial.
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A través de una carta que lleva la firma de Corti y del Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Luis Duacastella Arbizu, los funcionarios denunciaron que a siete años de la sentencia del máximo tribunal restan trasladar 1.822 de 2.213 familias inicialmente censadas.
"Las pocas familas ya "relocalizadas" lo fueron a viviendas mal construidas y sin ninguna consideración de los lazos comunitarios: no se piensa en la educación y vida de los chicos, en el acceso a la salud, en las singularidades de los trabajos de los vecinos que, por ejemplo, viven del cartón", indican en la misiva.
A su vez, los defensores sostienen que aún "hay familias que permanecen en las villas y asentamientos para quienes no hay ninguna política pública que las inserte en la comunidad".
"Lamentablemente los tiempos de la política y de la justicia no se compadecen con los tiempos de la realidad existencial y por eso entendemos que el Poder Judicial está llamado a desarrollar creativamente el derecho y generar saltos cualitativos en al cultura jurídica para asegurar la dignidad", agregan.
Por último, Corti y Duacastella Arbizu solicitan una audiencia al Sumo Pontífice para "exponer con mayor detalle estos problemas conociendo vuestra preocupación expuesta en la "Exhortación Apostólica "Evangelii Gaudium", cuando dice: "Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica porque Dios les otorga su primer misericordia".
