Luis D'Elía está acusado de obstruir la vía pública
El juicio que iba a comenzar el próximo lunes contra Luis D´Elía por encabezar una marcha por avenidas porteñas en respaldo al Gobierno nacional y sin el permiso de la Ciudad, fue postergado sin una nueva fecha de inicio, luego de que su defensa recusara a todo el Ministerio Público porteño.
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Fuentes judiciales informaron que la jueza en lo Penal y Contravencional porteña Cristina Lara resolvió suspender el debate, luego de que la defensa del piquetero, a cargo del abogado Adrián Albor, recusara a todo el Ministerio Público porteño.
La información fue confirmada por el abogado Albor quien señaló que recusaron al fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, por considerar que el mismo es un "cargo político".
"El único mérito que tiene es que lo puso el Jefe de Gobierno, y este fiscal le da instrucciones generales y específicas a los fiscales de primera instancia, y de esta manera está en juego la imparcialidad", señaló Albor, e informó que la recusación fue desestimada en primera instancia y ya fue apelada.
Además, Albor explicó que en el escrito de recusación, solicitó que en el juicio actúe como agente fiscal alguien de "otra jurisdicción" que no sea la de Capital Federal.
Así, el debate se suspendió, y por el momento la jueza Lara no fijó una nueva fecha para juzgar a D´Elía por "obstruir" la vía pública y afectar el funcionamiento de los servicios públicos, en una marcha que encabezó el pasado 8 de mayo.
La movilización de respaldo al Gobierno partió ese mediodía desde el barrio porteño de Liniers y avanzó por la avenida Rivadavia hasta llegar a la Plaza de Mayo, lugar donde se concentraron.
D´Elía había sido indagado por el fiscal Claudio Silvestri a principios de junio por infringir el artículo 78 del Código Contravencional porteño, que contempla una sanción de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 1.000 pesos, a quien obstruya la vía pública e impida la circulación vehicular.
También podría ser condenado por infringir el artículo 69 del Código, que establece que "quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos, es sancionado con 1.000 a 5.000 pesos de multa o arresto de dos a diez días".
En la indagatoria, el piquetero oficialista aseguró que la citación judicial respondió a una "huevada de Macri", y dijo que la misma "es parte de los tiempos electorales".
Además, D´Elía le dijo al fiscal que para realizar la marcha le había dado un aviso previo al ministro del Interior, Florencio Randazzo, por ser el funcionario a cargo de la Policía Federal.
Ahora, la Justicia debe definir el planteo interpuesto por la defensa, tras lo cual se prevé que se fije una nueva fecha del inicio del juicio.
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